Iniciaron proceso de despido de controladores aéreos

Esteban Arrieta Arias
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A pesar de que ayer, en horas de la mañana, el titular de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ovidio Pacheco, declaró a este medio que “los despidos masivos no son la mejor opción para ponerle punto final a la huelga de los controladores aéreos” que inició el 26 de junio, en horas de la noche, el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), ordenó iniciar el proceso de despido de 115 funcionarios, entre controladores, operadores de servicios de información de vuelo e información aeronáutica.

Con sus declaraciones, el ministro Pacheco riñó con la posición de la viceministra de Obras Públicas y Transportes, María Lorena López, quien desde hace varios días, había asegurado que los despidos se iniciarían “cuanto antes”.

Pacheco Salazar, sin embargo, fue enfático al señalar que “hay que buscar una solución a lo costarricenses. La verdad, no estoy de acuerdo con despedir gente. Debemos buscarle una solución alternativa a este conflicto”, recalcó el jerarca del MTSS.

Sus palabras no tuvieron eco en el Consejo Técnico, que acordó integrar un órgano el cual garantice el debido proceso y derecho de defensa constitucional a los controladores y demás funcionarios que decidieron interrumpir sus labores indefinidamente, alegando el incumplimiento por parte de la Dirección General de Aviación Civil, de un acuerdo laboral suscrito en el año 1994.

Además, dadas las declaratorias de ilegalidad de esta huelga, emitidas y confirmadas por los Juzgados de Trabajo de San José, Alajuela y Liberia, según el artículo 377 del Código de Trabajo, se faculta a la administración a realizar las gestiones de despido sin responsabilidad patronal.

Al cierre de esta edición, los voceros de los controladores aéreos no habían recibido aún información relativa a esta decisión de CETAC. Recordemos que hace un par de días, las autoridades de este Consejo habían planteado una propuesta para dirimir diferencias, que reconocía los montos adeudados del año 1994 y 2000, un aumento mínimo de veinticinco mil colones, además del último incremento salarial acordado para los empleados públicos, la cual no fue aceptada por los funcionarios en huelga.