Señalan serias deficiencias en Plan Vida Nueva

• Además se cuestiona a la Corporación Arrocera Nacional por repartir, de manera improcedente, más de ¢2.800 millones, pues más de 50% de los recursos quedó en manos de solo 33 grandes productores del grano, mientras que los 774 más pequeños, recibieron pocos recursos.

Krissia Morris Gray
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Foto: Wilfredo Vega Hernández

Recomiendan que debe darse una debida integración entre el sector social y el económico para lograr una efectiva disminución del índice de pobreza que afecta al país.

Falta de claridad en la correspondencia entre el Plan Vida Nueva y el Plan Nacional de Desarrollo, que limita su carácter vinculante, debilidades de la política económica para contribuir a la consecución del objetivo de reducción de la pobreza, falta de retroalimentación entre el Consejo Social y el Consejo Económico sobre temas importantes para la formulación y ejecución del Plan Vida Nueva, son solo algunos de los problemas detectados por el ente contralor.

Del informe, elaborado por la Contraloría, se detalla que “el Plan Nacional de Desarrollo carece del enfoque que adoptará la intervención de las instituciones públicas para efectivamente hacer realidad los elementos que propone y para la ejecución de las acciones institucionales, a diferencia del Plan Vida Nueva, que es enfático en los temas de coordinación, integración, multidisciplinariedad, intersectorialidad, interinstitucionalidad, proactividad y atención especial a las zonas de mayor rezago económico y social”.

Según indicó el contralor de la República, Alex Solís Fallas, existe una omisión de directrices a lo interno de varias instituciones del área social y del sector económico, que promuevan de forma más eficaz dicho plan.

El funcionario explicó que la CGR realizó una auditoria operativa sobre la formulación de la política social del Gobierno, presentada al país en 2002 denominada “Plan de Superación de la Pobreza y Desarrollo de las Capacidades Humanas Vida Nueva 2002-2006”, así como de las estructuras creadas para su enunciación, ejecución y evaluación, cuyo objetivo es el de promover mejoras, brindar retroalimentación al Gobierno de la República y coadyuvar a la rendición de cuentas.

“Se ha notado una serie de deficiencias en el procedimiento empleado para la selección de los 37 cantones, los distritos y comunidades prioritarios para la ejecución del Plan Vida Nueva, lo que ocasionó la no inclusión de comunidades con los mayores índices de pobreza.

“En lo que corresponde a las regiones, la ejecución del Plan Vida Nueva por parte de los Consejos Sociales Regionales (Cosore) ha tenido varias dificultades asociadas a aspectos de la organización adoptada para la realización de ese plan y a limitaciones que impone la organización institucional vigente de la Administración Pública. No están participando todas las instancias del área social y existen serias dificultades para la integración institucional del sector económico y de los gobiernos locales”, afirmó Solís Fallas.

De la misma forma coincidió Giselle Segnini Hurtado, gerente de Área de Servicio Social de la Contraloría quien agregó que han faltado directrices claras por parte de los jerarcas de las instituciones para que los directores regionales y los funcionarios de los mismos ejecuten el Plan Vida Nueva; además mencionó que existe una escasez de recursos humanos, económicos y materiales en las instituciones localizadas en las regiones y se ha dado una centralización de las entidades, dificultando así, la orientación de los recursos hacia los distritos y comunidades prioritarias.

Por eso, entre las disposiciones emitidas por el órgano fiscalizador se recomienda al Gobierno realizar una efectiva coordinación e integración entre el Consejo Social y el Consejo Económico para alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza y la debida articulación de los planes social y económico, tanto en su formulación como en su ejecución.

Por otro lado, se solicita reformular el Plan de Superación de la Pobreza y Desarrollo de las Capacidades Humanas, Vida Nueva, de tal manera que se especifiquen los responsables de las acciones estratégicas, la situación base para la constatación de las metas y la ejecución posterior, la fuente de dónde se tomará la información para medirlas y los recursos financieros y materiales requeridos para su ejecución, además de que las metas sean cuantificables e indiquen el plazo.

Al mismo tiempo, las autoridades gubernamentales deben realizar las gestiones necesarias para que se corrija la falta de correspondencia entre el Plan Vida Nueva y el Plan Nacional de Desarrollo, tanto en cuanto al enfoque para el abordaje de la pobreza y el desarrollo de las capacidades humanas.

En otro orden de cosas, un estudio elaborado por el mismo ente contralor concluye que la Corporación Arrocera Nacional distribuyó, de manera poco equitativa, las utilidades generadas por la importación del grano, producto del desabasto que se dio en 2002, quedando solo en manos de los 33 productores más grandes, los que representan el 3%, más del 50% del Fondo de Asignaciones no Reembolsables, lo que se tradujo en ¢965 millones.

Mientras que los 774 productores de arroz más pequeños-el 71% del total-, recibieron apenas el 13% de la asignación económica, es decir, ¢259 millones.

Según se desprende del informe Conarroz vendió el grano que importó para cubrir el desabasto en el mercado nacional a $210, basándose en una propuesta elaborada por el sector arrocero y avalada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y a criterio de la CGR el precio aplicado para la estimación fue poco preciso.

Al industrial se le reconoció los costos incurridos como por ejemplo la carga financiera del almacenamiento y el costo del secado, lo cual es improcedente, debido a que el grano fue importado.

“Al 10 de junio del 2004, la Corporación distribuyó, improcedentemente, $6.664.095,10 (¢2.896.682.212) a los productores nacionales. Esto por cuanto el Poder Ejecutivo creó, en diciembre del 2002, mediante decreto ejecutivo, un Fondo de Asignaciones no Reembolsables para cubrir a los productores el precio de sustentación de $260, pues obtendrían, por su venta solo $210, pero en forma improcedente, tomó los recursos de las utilidades por la venta de arroz importado al industrial y no del presupuesto de la República.

“Dicha distribución es improcedente pies la Ley de Corporación Arrocera no prevé la creación de un fondo como el citado como un posible uso a los ingresos de esa entidad. El Poder Ejecutivo no puede disponer de los recursos de un ente de derecho público no estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, pues ya tienen un destino que es cumplir con sus fines y la naturaleza del subsidio requiere que el legislador lo establezca expresamente”, indica el informe.º