Solicitan aprobación de ley que penaliza la pornografía infantil

• Solo en los primeros seis meses del año, las autoridades judiciales investigaron, procesaron y llevaron a juicio a 64 personas por estár involucradas en casos de explotación sexual.

Lucrecia Zúñiga Ureña
lzuniga@prensalibre.co.cr

Según las estadísticas, en los primeros seis meses del año se realizaron 223 operativos, en los cuales se detectaron 391 niños, niñas y adolescentes en las calles. Algunos de ellos son víctimas de explotación sexual comercial.

También con el fin de dar con los que se dedican a explotar de alguna forma a los menores de edad se han realizado 223 operativos, en los cuales se detectaron y se brindó protección integral a 391 niños, niñas y adolescentes en las calles, dentro de los cuales hay víctimas de explotación sexual comercial.

Además, mediante el enlace entre el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el 9.1.1. durante el 2003 y los primeros tres meses de este año, se recibieron 490 denuncias por delitos sexuales que fueron trasladadas a la Fiscalía para su respectiva investigación.

Así, mientras las autoridades trabajan en la detección y atención de los casos en donde la población más joven del país está siendo utilizada para algún acto ilícito, el portillo de la pornografía infantil continúa quedando abierto, debido a la inexistencia de una ley que penalice este tipo de actos.

Es por esto, que la ministra de la Niñez y Adolescencia, Rosalía Gil, extendió un vehemente llamado para que sea aprobada la ley que penaliza la tenencia de pornografía, la cual -según ella- se constituiría en un instrumento determinante en la lucha contra la explotación sexual, contra niños, niñas y adolescentes.

Este proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo para su análisis en el período de sesiones extraordinarias y pretende que quien comercialice difunda o exhiba material pornográfico a personas menores de edad o incapacidades, sea sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años.

En caso de que la víctima sea una persona menor de trece años, la pena será de tres a cinco años de prisión y se impondrá pena de prisión; y se impondrá otra pena de dos a cuatro años a quien tenga en su poder, exhiba, difunda, distribuya o comercie por cualquier título y cualquier medio, incluidos los informáticos o telemáticos, material pornográfico en el que aparezcan personas menores de edad o donde se utilice su imagen.

De acuerdo con la Ministra de la Niñez, esta ley llenaría un vacío normativo que ha sido analizado en la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (Conacoes), en el marco de los cinco años de aprobación de la reforma al Código Penal que estableció el apartado de delios sexuales y en donde se define la cárcel para quienes tengan relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad, la corrupción el proxenetismo, la rufianearía y la fabricación, producción o difusión de pornografía.

Debido a la seriedad del asunto y ante la cantidad de casos de trafico ilegal de menores y explotación sexual comercial suscitados en los últimos años, son muchas las instituciones que han llevado a cabo acciones dirigidas a combatir los males que atentan contra la niñez costarricense.

Paniamor, por ejemplo desarrolla el proyecto “Código de Conducta para la Protección de niñas, niños y adolescentes contra la Explotación Sexual Comercial en el Turismo” en el que se está capacitando a personal de 130 empresas (personal de hoteles, turoperadores, taxistas).

Esta iniciativa fue presentada como “buena práctica” en el mes de abril del año en curso, durante el lanzamiento del Proyecto del Código de Conducta para la industria turística norteamericana realzado en la ciudad de New York, el cuenta con el aval del Departamento de Seguridad Nacional de ese país. Hace algunos meses además, fue establecida una base de datos de las direcciones de migración de la región sobre alertas, capturas e impedimentos de entrada y salida por delitos relacionados con la trata de blancas y la explotación sexual comercial infantil.

Mediante una solicitud de la Ministra de Niñez, el Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes incluyó como causal de caducidad del contrato de concesión del servicio público de taxis, cuando por sentencia judicial en firme se haya demostrado que el concesionario ha utilizado la autorización para la promoción o facilitación de conductas sexuales inapropiadas en contra de menores de edad.

Sin duda alguna, es fundamental la labor en materia de protección infantil que ejercería la creación en nuestro país, del Centro Internacional para Menores Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos. Para hacer realidad esta iniciativa, se unieron las labores del Ministerio de Seguridad Pública, el PANI y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Este centro, proporcionará recursos y herramientas para localizar a niños, niñas y adolescentes desaparecidos y explotados. Hasta la fecha, se han capacitado a 60 investigadores de las instituciones involucradas.