Una corporación frijolera nacional: “¿otro desatino más?”

Lic. Mauricio Alonso Arias Castro
Abogado y Notario

El día de ayer, los costarricenses vimos con asombro, la grave denuncia por parte de la Contraloría General de la República, en relación con presuntas irregularidades que se estarían realizando en la Corporación Arrocera Nacional, en relación con el reparto de cuantiosas sumas de dinero, en donde como siempre -y tal y como lo indica el ente fiscalizador- son unos cuantos, los que siempre salen beneficiados.

Si nos remontarnos a escasos dos o tres años -para recordar aquellos días en que era común ver desfilar en carretas de tráiler, cientos de tractores tipo chapulín por la autopista de Alajuela, las calles de San José y las inmediaciones de la Asamblea Legislativa-, nos viene a la mente su motivo principal: “que fuera aprobada por parte del congreso, la Ley de Corporación Arrocera Nacional”. En esos tiempos de convalecencia ante la chocante experiencia del denominado “Combo del ICE”, la opinión pública fue conmovida por tal manifestación de fuerza por parte de los arroceros y el proyecto fue aprobado con la intención de PROTEGER a un sector tan querido como lo son los AGRICULTORES nacionales. Pero con la creación de esta institución, monopolística, de estilo arcaico y que limita de forma absoluta la libre competencia, lo menos que se hizo fue proteger a la gran mayoría de agricultores, sino a unos cuantos, tal y como lo afirma el contralor.

Y es que esto no es nuevo. Nuestro país tiene solo tristes recuerdos de estas leyes o instituciones “protectoras” de algún sector, creadas para asignaciones familiares, fondos de emergencia, etc.

Pero lamentablemente el problema no se queda allí, ya que somos nosotros los consumidores, los que debemos soportar que se proteja a todos los gremios, siempre en nuestro perjuicio. El famoso decreto que hizo, que la Contraloría ordenara a CONARROZ, la devolución de millones colones y que fue suscrito por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (ente al que esta adscrita la Comisión Para Promover la Competencia y la Defensoría del Consumidor) y el Ministerio de Hacienda, convino en que se comprara arroz a una determinada cantidad y que se permitiera su venta, a un precio más elevado, creando con esto un fondo que se repartiría entre los que cultivan este grano. Entonces: ¿dónde está el decreto para que se nos venda más barato el arroz? ¿Por qué si este producto se compró a 210 dólares, a los consumidores se nos vendió más caro vía decreto? ¿Qué esto no implica una práctica monopolística absoluta de parte del Estado y es una violación a nuestros derechos como consumidores?
A todo esto hay que sumarle, como lo indicó el contralor, que la Corporación misma no tiene límites plenamente definidos a corto, mediano y largo plazo, que no existe un reglamento para su funcionamiento y que las importaciones se realizan de modos muy particulares.
Para rematar, existe hoy día en nuestra Asamblea Legislativa, un diputado que pretende a fuerza, imponernos a todos los costarricenses una “genialidad” similar, denominada: Corporación Frijolera Nacional. Esperemos que este espejo, que se nos acaba de revelar, nos sirva para no cometer el mismo error, ya que de lo contrario, en un futuro vamos a tener que adaptar a nuestros tiempos la frase que rezaba: “es tan pobre que solo come arroz y frijoles” por la de “es tan rico que solo come arroz y frijoles”.