Demandarán a la CCSS por más de ¢245 millones

• Constrial rechaza toda acusación de culpa e incumplimiento.

Krissia Morris Gray
kmorris@prensalibre.co.cr
Fotos: Wilfredo Vega Hernández

Lindbergh Blanco, gerente general de Constrial, aseguró que demandará a la Caja por los daños y perjuicios ocasionados en contra de la empresa.

Así lo aseguró a LA PRENSA LIBRE, el gerente general de Constrial, Lindbergh Blanco Argüello, quien manifestó que se presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una solicitud de prevención en la que se hará una evaluación de los daños y perjuicios, para definir el monto final por el cual se le demandará a la entidad aseguradora.

Además, en días recientes, fue presentado a la Sala Constitucional, un Recurso contra la institución, debido a que el 5 de agosto del año en curso, la Junta Directiva acordó derogar un acuerdo del 22 de enero del presente año el cual permite la ampliación a 100 días la entrega de la obra y terminó el contrato con la empresa por una serie de incumplimientos.

Blanco Argüello explicó que el monto toma en consideración los ¢100 millones en avance de obras que todavía no les ha cancelado la CCSS, reajustes y devolución de multas, además de ¢100 millones en equipos y materiales que se encuentran almacenados en las bodegas aduanales sin poder salir, pues se está a la espera de que la entidad aseguradora efectúe las acciones pertinentes.

Sobre el particular, Blanco rechazó que los incumplimientos se dieran por incompetencia de la empresa constructora, sino que fue enfático al asegurar que los problemas se dieron con el diseño de la obra que estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo de Proyectos, adscrita a la Gerencia de Operaciones.

El inicio de la construcción del Servicio de Urgencias del Hospital La Anexión se dio en agosto de 2002 y tenía que finalizar en marzo de 2003, pero un año y medio después, la infraestructura presenta un avance, según las autoridades de la Caja, de 60%.

Blanco aseguró que la obra supera el porcentaje estimado por la Caja, pues sostuvo que solo le faltan los acabados y la instalación de los equipos médicos que están en las bodegas de aduana y que superan los ¢100 millones.

“Hubo problemas de todas las partes. Desde el primer momento la Municipalidad de Nicoya identificó problemas y devolvió los planos con los diseños para que se le efectuaran los reajustes correspondientes. El nuevo servicio de urgencias del Hospital se encuentra muy cerca del margen del río Matambú, irrespetándose lo establecido en la ley que dice que cualquier construcción cercana a un río, debe hacerse a una distancia mínima de 10 metros.

“Procedimos a devolver los planos del diseño, para que le hicieran las modificaciones correspondientes, pero pasó más de un año, en donde solo iban y venían los papeles entre la CCSS y la Municipalidad de Nicoya, pero nada se concretaba. No fue hasta que se ejercieron presiones políticas, que se pudo obtener el permiso de la Municipalidad, que ni siquiera fue otorgado por el ingeniero, sino que fue entregado por el alcalde.

“Nosotros no incumplimos, sino que fue la Caja, pues no hicimos el diseño, sino que fue el departamento de Desarrollo de Proyectos, nosotros ya estábamos trabajando. Ante una serie de divergencias entre la empresa y la Caja, procedimos a presentar una apelación fundamentados en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos (RAC) y el 26 de enero se nos notifica que fue aceptada la propuesta presentada que era, entre otros, que nos comprometíamos, en 100 días plazo, entregar la obra, pero el 15 de abril anterior, se dejó sin efecto ese acuerdo”, afirmó Blanco Argüello.

Roberto Zúñiga, representante del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en Nicoya, dijo que, tras una inspección realizada, tanto por ese ministerio como por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena), en el área de construcción, se pudo constatar que dos muros de gaviones están ubicados a escasos dos metros dentro del cauce del río Matambú, es decir, que se edificó en una zona pública.

Ante esto, Zúñiga solicitó la apertura de un procedimiento penal contra los supuestos responsables que son los jerarcas de la Dirección de Desarrollo y Proyectos de la CCSS y de la constructora que hizo los muros.

“El problema es que, en caso de una verdadera emergencia, las personas solo podrían correr en dirección al río. Además, en caso de que se diera inundaciones se afectaría tanto el Servicio de Urgencias como a los vecinos que viven cerca del otro margen del río, situación que tendría graves repercusiones”, señaló Zúñiga.

Al respecto, José Miguel Villalobos, representante legal de la empresa Constrial, indicó que el término del contrato, por parte de la Caja constituye un acto arbitrario, improcedente, ilegal e inconstitucional, pues existen dos criterios; uno del asesor legal de la Junta Directiva de la CCSS de Tobías d´Ambrosio Umaña, que determina que no hubo un incumplimiento contractual, sino un cumplimiento tardío, atribuible en parte a la Municipalidad de Nicoya. Y el segundo, explicó Villalobos, es un criterio elaborado por un abogado externo a la Caja, Rodolfo Saborío. En ambas no se recomienda el término del contrato, sino que busca alternativas para que la obra llegue a feliz término.

“Con el acuerdo de enero, Constrial adquiere una serie de derechos que le permiten continuar con la obra hasta el final. El problema se da porque la Dirección Jurídica de la CCSS siempre estuvo en contra de la ampliación y no quiere entender que no fue por culpa de la constructora sino que de la misma institución.

“Pese a que la Junta Directiva acordó en firme, otorgar el plazo de los 100 días, no ejecutar las garantías ni aplicar las multas, de manera sorpresiva, cede ante la presión de la Dirección Jurídica que no avala el acuerdo, sino que reitera, una vez más su oposición. Siempre se ha sabido que la Junta Directiva es la autoridad máxima, pero en este caso pareciera que, quien manda en la Caja es la Dirección Jurídica.

“La Junta Directiva cuenta con su asesor legal que respaldó la ampliación, de igual forma coincide el abogado externo contratado, pero de manera unilateral, decide cambiar de posición y acuerda, en abril, cambiar de posición y derogar el contrato. Constrial apeló en múltiples oportunidades, pero el 5 de agosto de este año, la nueva Junta Directiva ratifica el término del contrato”, puntualizó Villalobos.

Villalobos indicó que la actual Gerente de Operaciones, Gabriela Murillo Jenkins, conocía de la situación, pues era la directora de Desarrollo y Proyectos de la CCSS, cuando se dieron las diferencias y no procuró una salida al respecto, “por lo que sorprende que ahora, ella salga y diga que fue Constrial que incumplió el contrato, cuando ella sabe que en realidad el problema fue ocasionado por la Caja, lo que trata es de ocultar una situación que ellos mismos produjeron”, puntualizó Villalobos.