Patentes municipales colapsan desarrollo de microempresas

• Empresarios y comerciantes recomiendan consolidar el servicio de ventanilla única y piden simplificar trámites, por lo que, solicitan más programas al MEIC.

Tatiana Gutiérrez Wa-chong
Tgutierrez@prensalibre.co.cr
Fotos: Luis Morales
Ilustración: German Meza

Pablo Alvarez, presidente de la UNGL, dijo que se requiere una descentralización de las Municipalidades.

Ana Teresa Rodríguez es una madre soltera, vecina de Tibás, ella quiso iniciar una microempresa de producción y comercialización de cajas de regalos y lazos para mantener a sus dos hijos; sin embargo, dejó su sueño a un lado, debido a que la burocracia frenó su proyecto de desarrollo.
Así como ella, hay miles de costarricenses que quieren administrar una pulpería, un restaurante, abrir una academia de música o de baile, entre otras actividades lucrativas, pero que después de realizar largas filas y gastar mucho dinero, no cumplen con todos los requisitos municipales o con los plazos establecidos, debido a que el Instituto Nacional de Seguros (INS), Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Salud o el Servicio Técnico Nacional Ambiental (Setena) se convierten en sus grandes impedimentos para alcanzar dicha utopía.

Es necesario aclarar que, según el presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Pablo Alvarez, cada Municipalidad tiene sus propios requisitos a la hora de solicitar una patente, los cuales están debidamente aprobados vía reglamento en los Concejos.

“Para ratificar cualquier modificación que se quiera hacer, de acuerdo con el artículo 23 del Código Municipal tienen que ser publicados en La Gaceta y entrar a regir a más tardar en tres días”, destacó.

A pesar de que los documentos que se piden para consolidar una micro, pequeña o mediana empresa son diferentes en cada ayuntamiento, el primer paso, según Alvarez, es darle el visto bueno para la utilización del suelo mediante una inspección que realiza la Municipalidad.

“Una vez hecho esto, se pasa el expediente ante la Unidad Tributaria o al Departamento de Patentes que explicará los diferentes requisitos que se aplican de manera distinta en cada uno de los 81 municipios.

“Se debe tomar en cuenta que cada documento depende de la actividad lucrativa que se va a realizar, pero todos, en general, piden un permiso del Ministerio de Salud, un certificado de la calidad del agua del AyA y una póliza del INS”, detalló.

Por el primer escrito, el Ministerio cobra $30 para aprobar el permiso a restaurantes, tiendas y comercios pequeños y $50 para pequeñas y medianas industrias que deben ser depositados en una cuenta del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) en moneda extranjera.

Según Alvarez, esto se debe a que existe un decreto ejecutivo firmado por las autoridades de salud, en el cual, se establece que la suma sea en dólares para que no se devalúe.
El segundo requisito es un certificado de calidad del agua para consumo y residuales, otorgado por el AyA, en el cual se pide que se cumpla con un reporte operacional, establecido en el decreto ejecutivo #26042 del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Sin embargo, para esto, el microempresario deberá contratar a una empresa que cobra unos ¢70 mil para que se hagan los estudios de Laboratorio.

El proceso total tarda hasta 60 días, mientras que la Municipalidad otorga solo 10 días para tramitar la patente.

Para esto, el AyA entrega una lista de diez empresas que pueden brindar este servicio o también recomiendan que se contacten profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

Al consultarle a Rafael Villalta Fernández, presidente de Acueductos y Alcantarillados, sobre el hecho de que se brinde una lista de 10 empresas para llenar los formularios -que según el director ejecutivo de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate, va en contra de los derechos que tiene por ley cualquier consumidor de elegir la empresa que más le convenga para satisfacer sus necesidades o brindar un servicio- reconoció que desconocía este tipo de procedimientos y que iba a estudiar este tema, durante la segunda semana de abril, luego de venir de un viaje, debido a que quiere beneficiar a las pequeñas, medianas y microempresas de este país y que tratará de cambiar el tiempo en que se brinda la atención a este sector”, mencionó.

Sin embargo, dijo que las recomendaciones son actos de buena voluntad y que buscan orientar a los clientes del AyA sobre cuáles son las empresas que tienen el mayor número de conocimientos profesionales.

“La única manera, en cualquier país del mundo, que un usuario tenga seguridad de que el servicio que se le está brindando es de buena calidad, es que exista una certificado y por esto se recomiendan dichas empresas que desde el punto de vista del AyA reúnen las condiciones necesarias.

“No es una obligación que los consumidores utilicen los servicios de las empresas recomendadas. Nos pueden traer estudios realizados en cualquier laboratorio o por profesionales que sean capaces de certificar la calidad del agua y la institución tiene que acogerlos.

“Por ejemplo, si el Laboratorio de Aguas de la Universidad Nacional de Heredia o el Laboratorio de Química de la Universidad de Costa Rica brindan asesoría para llenar el reporte operacional se tiene que recibir”, destacó.

No obstante, Alvarez manifestó que si las recomendaciones dadas por el AyA para que utilicen los servicios de ciertos profesionales no están publicadas en la Gaceta, esto es ilegal, porque no se le puede supeditar a ninguna persona a que pague a una determinada empresa por un certificado.

Otro de los requisitos es la póliza de riesgos del trabajo del INS, en la cual, según el presidente de la UNGL se pueden exonerar a las microempresas que no van a tener más de tres empleados, pero si el número de trabajadores es mayor, entonces el documento le representa largas filas y muchos días, a menos de que tenga la posibilidad de contratar a un agente del INS particular, en este caso las exoneraciones duran su buen tiempo.

“Otro cuello de botella que afecta a los gerentes de las mipymes es el Servicio Técnico Nacional Ambiental (Setena) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), porque deben llenar un formulario muy complejo y en el cual también están obligados a utilizar los servicios de una serie de empresas”, destacó el líder municipal.

Si un comerciante o empresario decide abrir su local sin haber presentado sus documentos o mientras se cumple un mes de trámites para que le aprueben la patente, la Municipalidad pueden clausurar su microempresa; ya que según Alvarez existe un pronunciamiento de la Sala Constitucional al decir que el artículo 69 de Código Municipal otorga la potestad de cerrarlos inmediatamente.

“La sola presentación de los requisitos no le brinda el derecho de abrir un local comercial y esto está consignado en la Ley, específicamente en el artículo 80 del Código Municipal, que establece que los ayuntamientos tienen un máximo de 30 días naturales para que se otorgue una patente.

“Ahora, con la Ley de Protección y Exceso de Trámites de los Administrados (8220) se establece que la Municipalidad no se puede negar a recibirle a una persona los documentos, aunque los requisitos estén incompletos, entonces lo que se hace es dilatar el proceso y especificar cuales papeles son los que faltan y con cuantos días cuentan.

“Ahora bien, una vez presentados todos los requisitos, la Ley le da la posibilidad de abrir el comercio y si la Municipalidad no contesta en este plazo, se conoce como silencio positivo y se le otorga el permiso.

“Una situación muy contraria pasa con actividades que vayan a hacer contaminantes o que afecten el medio ambiente porque el artículo cuenta con esta cláusula”, aclaró.

El vicepresidente de Cámara de Comercio de Costa Rica, Mario José Crespo Llobet, expresó que, definitivamente, existe un grave problema porque por autonomía municipal cada una puede por reglamento cambiar los requisitos que van a solicitar a los comerciantes.

“Entonces lo que se ha trabajado dentro de la Cámara, específicamente en la Comisión de Asuntos Municipales o agrupaciones empresariales, es fomentar el hecho de tener un cierto marco legal que sea uniforme entre las distintas municipalidades, sin embargo, no ha existido voluntad política y ni la posibilidad de que el Gobierno instale una ventanilla para que el empresario que quiera abrir una empresa tenga que hacer sus trámites de una sola vez y en un solo lugar, sin tener que dar los documentos en un montón de instituciones del Estado.

“Han existido experiencias con la Municipalidad de Alajuela y San José, que en conjunto con la Cámara de Comercio Fundes y el Tecnológico de Cartago iniciaron un modelo de ventanilla única que estaría buscando la centralización.

“No puede ser que los comerciantes duren tres meses sacando una patente, cuando hay países como Colombia en los que se aprueban en menos de tres horas”, destacó.

Juan María González, primer vicepresidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, mencionó que, en términos generales, es necesario una simplificación de trámites.

“Es lógico que todo tipo de requisitos tengan un costo, pero si por él hay que durar muchos días, las empresas pierden competitividad.

“Muchas municipalidades en vez de ver como una buena noticia el hecho de que una multinacional o una empresa pequeña pida una patente, lo ve como algo sin atractivo, por falta de visión de desarrollo”, destacó González.

En cuanto a los requisitos que se piden a la consolidación de las industrias, Setena tiene una función lógica de realizar, pero ha estado muy escaso de recursos y personal, después del pronunciamiento de la Sala Constitucional, que lo obligaba a regular, desde una peluquería hasta las grandes empresas.

Sergio Navas, vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, mencionó que el lento otorgamiento de patentes para las empresas multinacionales del país no las afecta porque se rigen dentro del régimen de zonas francas, pero que a las mipymes sí porque existe un exceso de requisitos, las cuales se hacen informales.

“Esto frena la posibilidad de hacer encadenamientos productivos en que las mipymes provean de materias primas a las empresas multinacionales, por lo que se requiere de un programa claro y contundente que permita avances en la simplificación de trámites”, destacó.

La Ley de Protección y Exceso de Trámites a los Administrados, según Alvarez, viene a socarle la faja a los funcionarios que trabajan en la administración pública, debido a que se deben de reducir el tiempo de los trámites o ser víctimas de sanciones o denuncias.

“Se requiere que las Municipalidades estén descentralizadas porque no puede ser posible que una persona para solicitar una patente tenga que pasar por un calvario por todas las instituciones públicas, y rogarle “a todo el mundo y a rey mundo para que le brinden un documento como si fueran pordioseros”.

La Municipalidad debería tener el poder de emitir una vez que los ingenieros llegan a aprobar el uso del suelo donde se va hacer el local comercial, llevar un técnico de Laboratorio del AyA y un representante del Ministerio de Salud para aprobar todos los requisitos de un solo momento.

Nombre de la Compañía / Encargado
Aqylasa Leonor Rodríguez
Independiente José Andrés Madrigal
Ingeniería Ambiental Moderna Rodrigo Quirós G.

Eco Soluciones Luciano Machado
Registros Internacionales Marcelo D Alolio
Servicios Químicos Solera Luis Diego Solera
SGC Consultorías Luis Hernández Herrera
SITAR Randall Furniss
Soluciones Efectivas Rodolfo Rhoden
Surá Javier Carvajal

• Permiso del Ministerio de Salud y pago de $30 en las oficinas del Banco Nacional de Costa Rica.

• Solicitud de Póliza de Invalidez de Riesgos del Trabajo.

• Informe de reporte operacional del AyA que se elabora por una empresa especializada con un costo de ¢70 mil, para verificar la calidad del agua para consumo y residuales.

• Aprobación de recursos ambientales del Setena en caso de que sea una actividad contaminante.