Addendum otorga $150 millones adicionales a la empresa Alterra

Esteban Arrieta Arias
earrieta@prensalibre.co.cr

Las obras de remodelación en el aeropuerto se encuentran varadas desde marzo 2003.

Esas son tan solo algunas de las preguntas que rondan la cabeza del diputado y aspirante presidencial de Unión Patriótica (UP), José Miguel Corrales, quien logró una copia del addendum firmado entre el Gobierno y la empresa Alterra, para reanudar las obras de remodelación y ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, las cuales se encuentran varadas desde marzo 2003.

Según Corrales Bolaños, el acuerdo financiero que pondría punto final a las diferencias entre el Estado y la compañía “no parece nada ventajoso para el país, pues otorga ¢75 mil millones adicionales a Alterra”, es decir alrededor de $150 millones.

“Las dudas no dejan de salir a flote. Ahora resulta que el Gobierno está dando más dinero de lo presupuestado y eso es inaceptable.

¿Cómo puede ser posible que el Estado negocie addendum con una compañía que no pudo cumplir sus compromisos contractuales?. Para mí, se debe rescindir el ligamen y demandar por daños y perjuicios a Alterra”.

El experimentado legislador aseguró que en el contrato original los ingresos brutos máximos proyectados para Alterra alcanzaban alrededor de $149.1 millones, mientras que ahora el monto ascendió a $190.5 millones, lo que permitiría a la compañía conseguir $126 millones más en utilidades en las próximas dos décadas.

Asimismo, Corrales Bolaños manifestó que la ampliación del ligamen por cinco años más, le daría una utilidad adicional que ascendería entre $25 millones y $30 millones, “por lo que la compensación a Alterra sería de más de $150 millones (¢75 mil millones).

En marzo de 2003 la empresa Alterra detuvo inesperadamente las obras de remodelación y ampliación del aeropuerto internacional Juan Santamaría, tras alegar que las tarifas contempladas en el contrato no permitirían cumplir los compromisos pactados con los bancos internacionales que financiaron a la compañía. Ante este panorama, Alterra solicitó un reajuste tarifario, y desde entonces “se inició un estira y encoge” que se ha prolongado por más de dos años.

A pesar de las múltiples insistencias de los diputados y otros sectores sociales, las negociaciones entre Alterra y el Gobierno han sido “oscuras”, pues el titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rándall Quirós, se ha negado a entregar el addendum, el cual fue conseguido por otros medios por el diputado Corrales Bolaños.

Para finalizar, el legislador se refirió a las dimisiones de los directivos del Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), Álvaro Escalante, Adolfo Gutiérrez y Carlos Manuel Soto; además de la salida del ex viceministro del MOPT Roberto Arguedas, quienes salieron de la función pública alegando presiones la semana pasada.

“A ellos los estaban obligando a firmar un contrato un poco raro, por el cual tenían que responder posteriormente, y por eso decidieron irse”.

Para que el contrato entre en vigencia debe ser respaldado por el CTAC y por la Contraloría General de la República (CGR) y -según Corrales Bolaños- por la Asamblea Legislativa.