Las penurias del INVU

El Instituto de Vivienda y Urbanismo tuvo un fuerte impacto en el desarrollo habitacional del país en los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando desarrolló los programas de vivienda para clase media que dieron origen a la Ciudad Satélite de Hatillo y a los “INVU”, que se conocen en tantos cantones del país. Esto, nadie lo puede poner en duda.

Pero desde la creación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, la verdad es que aquella entidad autónoma ha perdido vigencia paulatinamente, hasta llegar a los tiempos actuales en que casi pasa inadvertida.

De hecho, para muchas personas, la importancia del INVU está en el sistema de ahorro y crédito que por años ha permitido sobre todo a la clase media obtener una vivienda digna, con una combinación de su propio ahorro y un préstamo posterior. La bondad del esquema es su tasa de interés fija, que se traduce también en una cuota fija mensual para el deudor, normalmente mucho más baja que el resto de las opciones presentes en el mercado.

Pero más allá de ese ámbito de trabajo, las tareas del Instituto se fueron desvirtuando al grado que otras entidades del mismo Gobierno, como el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Instituto de Desarrollo Agrario comenzaron a construir proyectos de vivienda en diferentes lugares del país.

La planificación de los desarrollos urbanísticos se fue perdiendo, y cada vez se consolidaba más la improvisación como norma paralela al crecimiento de los centros de población.

Ahora, tras los serios problemas presupuestarios que enfrenta el INVU, las nuevas autoridades han diseñado un plan a 18 meses que busca rescatar la entidad. No está claro que alcancen el objetivo, pero están en el intento.

A pesar de los señalamientos, sin embargo, hasta ahora no hemos escuchado una razón de peso que justifique la permanencia de la entidad como un todo. Es cierto que genera empleo, pero no es justo que se carguen deudas adicionales a las maltrechas finanzas públicas para cubrir esas plazas, si al final todos los costarricenses pagamos el costo.

De hecho, muchas veces ya hemos advertido que esta es una de las áreas en que tenemos duplicidades, que como siempre, son innecesarias. Pero las autoridades han puesto oídos sordos a este asunto, quizá por la comprensible presión que puede suponer el cierre de oficinas con el consiguiente desempleo para sus funcionarios.

El tema, en todo caso, está en el tapete. Y vale la pena analizarlo en forma objetiva, para sacar conclusiones que se ajusten a la realidad del país.

Hemos de esperar que el esfuerzo planteado por la administración no sea resultado de un simple interés de mantener a una entidad por el impacto que tuvo en algún momento de la historia, por encima de la utilidad que pueda tener hoy día en la sociedad costarricense. Y, si hay funciones reales para el INVU, por favor que se las señalen al país.