Los “Cuellos de botella”

El vicepresidente de la República, Kevin Casas, nos sorprende con un cuestionamiento puntual a esa práctica tan común en nuestro país: establecer procedimientos para dificultar la aplicación de soluciones frente a los problemas que aquejan a los ciudadanos.

La visión que tiene el señor Casas es clara, de manera que podemos sentirnos satisfechos con el diagnóstico. Lo que pasa es que después de una etapa como esa, deberíamos alcanzar a ver, al final de la actual administración, cambios sustanciales que nos pongan de frente a una realidad diferente.

El país no puede seguir postrado en medio de la confusión, que implica manejarse dentro de un esquema donde las competencias ya no están claramente definidas. Es imperativo entender que el Estado debe resolver problemas de la gente que conforma la sociedad.

Costa Rica necesita avanzar. Y para ello, es indispensable revisar los engorrosos procedimientos que se han establecido y que, ciertamente, le han ido quitando poder al Gobierno.

Claro que también está el tema de si un gobernante quiere o no y si puede o no gobernar. Pero en este país se ha llegado a limitar a quienes están en la función pública hasta extremos inicialmente insospechables. Y en ese esquema nos encontramos a entidades públicas que se han convertido no solo en enemigas de otras instituciones del mismo sector, sino y peor aún, en enemigas de los ciudadanos. Es decir que ya no solo no resuelven problemas, sino que los generan.

La mayoría de las instituciones pueden ser buenas. Seguimos creyendo que algunas sobran, porque solo están favoreciendo duplicidades, que en todo caso no se justifican. Y si bien el Gobierno pareciera no querer entrarle a este tema, es sin duda un muy buen inicio el que se ocupe de hacer más eficientes las oficinas públicas.

Como lo apunta el señor Casas, es indudable que muchos empleados públicos no entienden a ciencia cierta cuáles son las responsabilidades que tienen para con la sociedad, a la cual sirven. De allí, agregamos nosotros, suelen darse casos en los cuáles se limitan a hacer acto de presencia a sus centros de trabajo, o sienten que los usuarios apenas son unas molestas personas que llegan a importunarles.

Si a esto le sumamos la larga lista de trámites que solemos establecer para todos los aspectos de la relación entre el Estado y los ciudadanos, entenderemos que vivimos en medio de un escenario de caos.

Desde hace varias administraciones se ha venido trayendo el tema a la mesa, sin que se vean resultados tangibles. Parte del problema es que se procuran consensos para actuar, y esto suele tener que forzar cambios de posición entre quienes no están dispuestos al cambio. Dios quiera que, a pesar de eso, esta sea la vencida, y que al final de su gestión la administración Arias le deje al país un Estado eficiente, que haga bien las tareas que tiene que hacer.

Por supuesto, no se trata de pensar que, como principio, el sector público no sirve para nada. Más bien, se trata de diferenciar criterios de acción que permitan a las entidades atender las funciones que la ley les asigna en beneficio de la población.

En ese escenario, no duden que el país se ahorrará muchos millones de colones que pueden servir para atender algunos de los tantos programas sociales que hoy no caminan, a falta de recursos.