Hoteles exigen reglas claras

• El presidente de la CCH, Manuel Rodríguez, comentó que la resolución de la Procuraduría erosiona la seguridad jurídica del país.

Tatiana Gutiérrez Wa-chong
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Foto: Adriana Araya

El presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles y gerente general del Aurora Holiday Inn, Manuel Rodríguez, pidió al Gobierno una acción pronta y justa.

“Los incentivos turísticos deben entregarse y brindar desarrollo al sector, porque si ahora se anulan los contratos el Estado provocará tal inseguridad jurídica que ahuyentará a todos los inversionistas”, destacó.

Agregó que el ICT y la Comisión Reguladora deberán poner un plazo para los incentivos turísticos, aunque desde su punto de vista no debería tener un tiempo debido a que en el sector turismo las proyecciones se hacen a unos 16 años plazo.

Sin embargo, el presidente ejecutivo del ICT y ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides, manifestó que las interpretaciones brindadas por la Procuraduría fortalecen la visión evidenciada por la Contraloría General de la República. Por eso está coordinando en una Comisión todo el trabajo interno entre los departamentos de Incentivos, Legal y un representante del Despacho del Ministro, para luego entregar una recomendación sobre este aspecto a la Junta Directiva.

Rodríguez enfatizó que estarían de acuerdo con que se eliminarán los incentivos, si existieran reglas claras de juego y equitativas con sus competidores en el mercado internacional, porque de lo contrario quedarían atados de manos.

“Por ejemplo, si un inversionista en México, República Dominicana o Estados Unidos compra equipos de aire acondicionado sin pagar impuestos y en Costa Rica, las cargas tributarias son muy altas, obviamente esto repercutirá en el precio final que se le cobra al turista, haciendo esto mínimas condiciones para competir”, detalló.

Argumentó que tampoco son las grandes cadenas hoteleras las que gozan de estos incentivos, debido a que 51.65% del sector tiene de una a 25 habitaciones y 19.45% tiene de 26 a 50, por lo que se evidencia la necesidad de las pequeñas y medianas empresas turísticas.

“Por eso, el Estado debe apoyar una mejora en el clima de negocios para atraer inversión extranjera directa y cumplir con todos los contratos, debido a que de lo contrario, existiría una falta de seguridad jurídica y los empresarios nos quedaríamos cruzados de brazos”, dijo.

La Procuraduría General de la República no contestó en su informe la petición del ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides, ante el hecho de que los concesionarios o inversionistas de una Marina pudieran importar materias primas sin impuestos, acogiéndose a la Ley de Incentivos Turísticos, resolución que también será tomada por la Comisión.

El presidente de la Cámara comentó que esta definición debe darse en un corto plazo para eliminar la incertidumbre, porque no basta con que la gente venga a ver las bellezas naturales, sino que pueda disfrutarlas y para eso se requieren no solo marinas, sino lanchas, buenas carreteras y eficiente servicio en los puertos y aeropuertos, entre otros.

Actualmente, en la corriente legislativa se estudia un proyecto de ley que permite concesionar este tipo de proyectos y disminuir el tiempo para que las municipalidades otorguen permisos, pasando de cinco a tres meses.

En estos días solamente una opera en el país: La de los Sueños, ubicada en playa Herradura de Garabito, con una capacidad de 275 yates.

Además, están pendientes Papagayo, Golfito, Pez Vela, Portal del Mar, Marina Bahía, Moín y Marina del Pacífico, entre otras.