• Pretenden construir atracadero turístico para Isla San Lucas
Sindicato denuncia intereses ocultos en cierre de muelle porteño
• Incopesca presentó una prórroga de clausura al Ministerio de Salud
• Los pescadores artesanales serán los más afectados, así como algunos vendedores de artesanía, alimentos y productos pesqueros.
Tatiana Gutiérrez Wa-chong
Tgutierrez@prensalibre.co.cr
Fotos: Daniel Rodríguez
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La Terminal requiere de catorce obras importantes para que se extienda el permiso provisional del Ministerio de Salud, infraestructura que ya fue adquirida y puesta en funcionamiento por la competencia de muelles privados, en su mayoría de capital asiático.
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La medida solicitada por el Ministerio de Salud para eliminar el permiso provisional de funcionamiento y cerrar de manera definitiva la Terminal Pesquera de Multiservicios de Barrio el Carmen de Puntarenas, administrada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), depende, según los representantes del Sindicato de Trabajadores Marítimos Ferroviarios y de Muelles, de un gran número de “intereses ocultos gubernamentales”.
Se pretendería poner en funcionamiento un barco tipo yate que brindará el servicio de cabotaje para turistas a la Isla San Lucas desde el Estero, con un servicio exclusivo para pasajeros extranjeros.
Dichos recursos podrían ser administrados, según fuentes extraoficiales consultadas por LA PRENSA LIBRE, por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y una serie de empresarios transnacionales que están poniendo el capital.
Según Gregorio Bolaños Sequeira, miembro de dicho grupo, en la actualidad los puertos en general son como “carnes de vaca” para hacer negocios. Cuando están en manos del Gobierno intervienen una serie de aspiraciones de grupos que quieren sacar ventajas de mantener la administración de dichos centros.
Total abandono en infraestructura
“El problema es que durante años el Estado ha tenido esta terminal abandonada y desde hace tres meses que Coopetramupa (que cuenta con 40 afiliados y es parte del Sindicato) está tramitando una nueva iniciativa para el lugar, en conjunto con la presidenta del Incopesca, Ligia Castro, para invertir en la remodelación y construir un puerto de uso internacional complementario al de Caldera -que ya tiene una capacidad insuficiente- con una señalización marítima idónea.
“Creemos que no es oportuno cerrarlo, porque hay muchas personas que dependen de sus ventas allí, así como muchas embarcaciones que se abastecen de combustibles y de hielo para mantener sus productos pesqueros”, mencionó.
Agregó que esto generaría más desempleo y pobreza en la perla del Pacífico.
Apoyo “a medias” al cierre
Bolaños refutó que las críticas del Ministerio de Salud son razonables porque, efectivamente, el Gobierno no ha invertido en obras de infraestructura y se requiere de un techo para descargar los productos pesqueros en un área de 60 metros lineales, colocación de cinco vigas tipo americana de tubo estructural 4x4 pulgadas de un metro de peralte y doce de longitud.
“Además, la instalación de un sistema eléctrico para el área de la pantalla del muelle y un sistema con voltaje de 440 vatios con banco de transformadores, así como otras mejoras al piso solicitadas por el Ministerio de Salud que suman un monto de ¢50 millones, los cuales Hacienda debería de haber incluido en el presupuesto de 2006 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
Competencia es evidente
Mientras que los dos muelles públicos operan “como Dios quiere”, los privados han acortado las distancias en competencia marítima.
Por ejemplo, el del Incopesca no tiene un techo decente para desembarcar los productos pesqueros y los inunda la insalubridad; mientras que los privados tienen excelente infraestructura con medidas de seguridad y de control hasta para el ingreso a la propiedad.
No obstante, hay un tema ambiental presente y es que por mandato de la Sala Constitucional, los barcos pesqueros de banderas extranjeras solo pueden desembarcar en las terminales públicas o en privadas, pero con el aval de un inspector.
Según confirmó Jorge Mora Rodríguez, sub secretario general del Incopesca, actualmente laboran 11 inspectores para brindan supervisión en los muelles privados y públicos para minimizar el problema del “aleteo” del tiburón; empero, si no son suficientes se solicita la colaboración del Colegio de Biólogos para que brinden la autorización de descarga.
Sin embargo, para el director ejecutivo de la Cámara de Pescadores de Puntarenas, Eduardo Espinoza Mena, la vigilancia no es suficiente y los muelles privados a veces no solicitan dicha autorización del Incopesca o como llegan varias embarcaciones al mismo tiempo se limita la capacitación de actuación de los inspectores.
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