La reorganización institucional

El nuevo Gobierno anuncia una reestructuración global del cuadro funcional del Poder Ejecutivo, dirigida a lograr mejores resultados por parte de la administración.

Es importante que se le haya entrado a este tema, y ojalá sea con la determinación necesaria para consolidar la propuesta. Porque tenemos una estructura tan amplia y tan dispersa que se volvió inoperante desde hace mucho tiempo.

Por ejemplo -y hoy lo reconoce en esta misma edición el ministro designado de la Producción, Alfredo Volio- en el sector agropecuario hay varias entidades alrededor del Ministerio y entre las autónomas. Pero hacen realmente poco, debido a que ni siquiera tienen un norte claro como bloque.

En el sector social pasa lo mismo. Las entidades se cuentan por docena, mientras los problemas siguen latentes y más bien se profundizan cada día.

En ese contexto, y mientras se defienden autonomías mal entendidas, el costo operativo del sector público crece a pasos agigantados y se van generando distracciones en el uso de los recursos públicos. De hecho, en muchos casos hasta se terminan cruzando funciones. Noten como el Instituto de Desarrollo Agrario construye aulas, abre caminos vecinales, e instala tendidos eléctricos. Si se quiere justificar todo esto en función de la tarea de desarrollo que le corresponde a la entidad, será solo para disfrazar el problema. Porque para cada una de esas labores hay otras instancias públicas.

Entonces, de lo que se trata es de identificar puntos de coincidencia a lo interno del Gobierno, y concentrar las definiciones políticas en función de objetivos claramente definidos. Por allí es donde nos parece que el intento del nuevo Gobierno es bueno para el país.

Nos queda la preocupación de que muchos de los cambios estarán sujetos a decretos ejecutivos. En realidad, estos tienen pleno sustento legal. Pero siempre existe entre los políticos la tendencia a cambiar lo que hicieron quienes les precedieron. Y a diferencia de las leyes, los decretos solamente requieren que el Presidente y el respectivo ministro estén de acuerdo.

También inquieta el hecho de que alguno de los funcionarios de alto nivel de las entidades autónomas se salgan del camino apoyado en consideraciones legales. Si bien los términos operativos ya fueron definidos por el presidente electo, Óscar Arias Sánchez, cuando hizo las designaciones, y si bien todos los futuros jerarcas aceptaron las condiciones, no es seguro que todos cumplan lo pactado.

Finalmente, es nuestro criterio que conforme se vayan viendo resultados y haciendo ajustes, se deben concretar las reformas legales para darle solidez al nuevo esquema. Y como parte integral de ese esfuerzo, el nuevo Gobierno tendrá que entrarle al tema del exceso de dependencias públicas. Es indispensable que se revise esta situación y se hagan las correcciones pertinentes. El problema es que siempre se enfoca el asunto en relación con el empleo y se deja allí. Pero generar fuentes de empleo a un costo tan elevado, solo contribuye a un problema mayor por el efecto en materia de gasto, cuando no se tiene qué gastar.