Falta acceso a la información en Costa Rica

Luis Miguel Herrera Castro
lherrera@prensalibre.co.cr
Foto: Daniel Rodríguez

La periodista María Isabel Rivero, Ignacio Álvarez y el abogado Carlos Zelada durante la presentación de los resultados.

En dicho evento se recibió información donde organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación hacen ver que en Costa Rica existe negativa de algunos funcionarios públicos de entregar la información que se les solicita.

El mismo Álvarez explicó que, a pesar de que en Costa Rica no existe ley que se refiera directamente al acceso a la información, el derecho se establece en el artículo 30 de la Constitución.

Por otro lado, se explicó que en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se ofrece la libertad de pensamiento y de expresión. En ese escenario, la Relatoría instó al Estado a capacitar sus órganos, autoridades y agentes encargados de atender las solicitudes de acceso a la información.

Por otro lado, también se hace el llamado a estimular una cultura de divulgación más amplia a los mismos órganos para facilitar el trabajo de los periodistas, y no solo eso, pues recordaron que es un derecho que tiene todo ciudadano.

A su vez, la Relatoría consideró importante que se promuevan iniciativas legislativas para que se incorporen las leyes en el país conforme a los estándares internacionales, para en caso de entrega o negación de información no quede a la discrecionalidad del funcionario.

En la reunión también se hizo hincapié en la necesidad de la justicia pronta en los casos de los asesinatos de los comunicadores Parmenio Medina e Ivannia Mora, quienes murieron en ejercicio de su labor periodística.

Reseñaron que la impunidad de los casos puede llegar a propiciar la repetición de hechos similares en el país y, por ende, generar autocensura de los comunicadores.

Por último, se señaló que Costa Rica todavía mantiene, en el artículo 7 de la Ley de Imprenta, sanciones de cárcel para quienes a través de la prensa cometan delitos de calumnia o injuria, y la Relatoría hace un llamado al Estado para que lo derogue, y se den más avances en materia legislativa en términos concernientes a estándares internacionales.