Curiosa prohibición

Quizá más para tratar de acallar a quienes han puesto el tema sobre el tapete que como resultado de un análisis serio del asunto, el Gobierno se apresuró a emitir un decreto que prohibe la fabricación de armas en territorio nacional.
La polémica quedó encendida en el marco de la discusión, cada vez más desordenada, del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos convertido, por cierto, en omnipresente en nuestros días, pues tanto sus detractores como quienes lo respaldan, lo mencionan absolutamente para todo.
Desde que alguien advirtió que no se prohibía expresamente la fabricación de armas en ese acuerdo, y lanzó la idea de que a alguna empresa podría interesarle, en el futuro, instalarse en el país, comenzaron a girar en el ambiente diversos criterios sobre el tema.
Hoy, después de tanta discusión, sin embargo, la pregunta obligada sigue ausente. Y es que nos parece que todos los actores de esta disputa deberían cuestionarse por qué este tema salta a raíz del TLC y no en otro momento.
La realidad es que, a la luz de la legislación nacional, cualquiera que deseara instalar una fábrica de armas en el país lo podría haber hecho en todos los años idos. Porque, ciertamente, no había prohibición alguna para hacerlo. De hecho, nuestro sistema supone que cualquier actividad legal tiene cabida en el país mientras no esté regida por alguna normativa especial, como ocurre en el caso de los monopolios a favor del Estado. Este no era el caso de la fabricación de armas y municiones.
Ahora el Gobierno sale con un decreto que pretende prohibir la posibilidad de que fábricas de armamento operen en el país. Es, en el fondo, una medida sana, acorde con la tradición pacifista de los costarricenses.
Pero, si lo vemos desde una perspectiva más amplia, caeremos en cuenta de que el TLC, por sí mismo, no introdujo el tema. Es solo que alguien pensó que mientras no se hiciera allí una exclusión explícita, se estaba frente a la posibilidad de introducirlo.
Si seguimos más a fondo en el análisis, caeremos en cuenta de que la decisión adoptada por el Gobierno se constituiría, entonces, en la primera gran consecuencia positiva del TLC. Esto implica que no todo es malo.
Al llegar a este punto nos parece que quienes se oponen al TLC deben preguntarse abiertamente si un análisis objetivo del acuerdo y sus implicaciones no obliga, más bien, a respaldarlo.
Pero claro, ese análisis no se dará, porque la mayoría de los grupos opuestos al TLC -algunos de los cuales en realidad piensan que no tienen nada en juego- han convertido a este en un asunto de Estado, donde el objetivo es doblegar al Gobierno. Desde esa perspectiva, todo, absolutamente todo, sobra, porque no hay puntos intermedios. Es decir, se trata de una lucha de poder en donde ellos tienen que ganar a cualquier costo y el Gobierno tiene que perder. En ese escenario de intransigencia, lo que han perdido de vista es que finalmente todos vamos a perder.