Leyes de papel

Una encuesta hecha pública ayer por la Universidad de Costa Rica muestra que cada vez son más los costarricenses que dudan del sistema judicial de este país. Esto se combina con la tesis mayoritaria expresada en el mismo estudio, en el sentido de que la inseguridad es producto de las pésimas leyes existentes en el país.

Los datos vienen al pelo justo hoy, cuando se cumple un año más de la quiebra del Banco Anglo Costarricense, institución financiera centenaria para entonces, que no pudo ser rescatada tras los malos manejos a que fue sometida por varios de sus jerarcas.

Y pese a que esa quiebra se dio hace 12 años, todavía hoy hay grandes signos de interrogación alrededor del tema. De hecho, los jerarcas de la entidad bancaria siguen aún hoy en medio de llamativos procesos judiciales, que parecen no llevar a ninguna parte.

Como si eso fuese poco, el principal implicado en la quiebra del Banco, el entonces gerente general, Carlos Hernán Robles, está preso por causas secundarias derivadas del problema principal, como la compra de una pizarra electrónica, o el traspaso de algunas propiedades suyas a familiares y amigos para tratar de evitar que le fuesen embargados.

Cuando se dan situaciones como esta, parecen justificadas las dudas de los costarricenses en el sistema. El país está lleno de leyes. Pero esas leyes, no contribuyen a las soluciones. Más bien, a veces sirven tan solo para profundizar los problemas.

Y es que la legislación se quedó corta frente a varios tipos delictivos que se dan hoy en día en el país. Los diputados no lo han comprendido, y por ende no actúan para tapar los baches. Los jueces, a veces pareen entenderlo, pero se cuidan en exceso de no interpretar en el sentido amplio a favor de las víctimas.

Los tecnicismos marcan la pauta en los procesos judiciales, en los que cada vez más parece que lo importante es cumplir los procedimientos, aunque no se haga justicia.

No estamos pidiendo que se invierta la norma para que todo acusado sea considerado culpable hasta que demuestre lo contrario, porque eso no tendría ningún sentido, amén de ir, aquí sí, contra los derechos humanos. Pero hay que establecer mecanismos objetivos para definir los delitos, de manera que siempre que se haga algo en perjuicio de algún individuo o del colectivo, se pueda juzgar y sancionar a los responsables.

Tal vez los antisociales no se inmuten ante nada. Pero no cabe duda que la situación actual les es demasiado favorable como para que se detengan a pensar un momento en las implicaciones de sus actos. Saben que con un buen abogado, un mal policía, un juez temeroso, o algo de suerte al final del camino saldrán libres, esa es precisamente la meta de quien delinque: no recibir castigo.

Esa es la realidad. Mientras no se enfoque la búsqueda de soluciones desde esa perspectiva, será poco lo que se pueda lograr y seguiremos con casos como el del Anglo, en que 12 años después nada está claro y todo sigue como el primer día, salvo porque ya no existe una centenaria entidad financiera, teóricamente propiedad de todos los costarricenses.