Libertad de expresión amordazada

• El año anterior se registraron 19 asesinatos en la región, relacionados con el ejercicio de la profesión y más de 200 casos de agresiones y amenazas contra comunicadores.

Angie López Arias
alopez@prensalibre.co.cr

Un informe de la CIDH señala un aumento en asesinatos y amenazas contra periodistas en el hemisferio. En Costa Rica la situación no es aún tan preocupante como en otros países.

El informe de la Relatoría Especial registra 19 asesinatos durante 2006 por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. Además, indica que la mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad, lo cual propicia que ocurran más asesinatos.

El informe fue presentado por la CIDH el pasado 29 de marzo ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA.

El subdirector de Diario Extra, Mario Ugalde, explicó que los periodistas tienen limitaciones para ejercer su trabajo. La violencia y los asesinatos que emprenden contra ellos es para callar la voz del mundo.

Ugalde afirmó que, con frecuencia, los periodistas en el país reciben amenazas de muerte y que los asesinatos y la violencia contra comunicadores en otros países comenzaron también con amenazas.

Por su parte, el presidente del Colegio de Periodistas, Heriberto Valverde, comentó que “aunque en menor medida que en otros países, aquí tenemos la experiencia de colegas asesinados y aún no tenemos respuesta del porqué”.

Además, Valverde aseguró que es lamentable cómo la censura y la autocensura están ligadas a los mismos medios de comunicación que, en algunos casos, responden a determinados intereses, lo cual afecta la libertad de expresión.

El periodista Eduardo Ulibarri aseguró que los asesinatos son la peor forma de violación a la libertad de expresión que existe, a lo cual se añade la impunidad en muchos de esos casos.

Ulibarri recordó que en nuestro país aún están pendientes los casos de Parmenio Medina e Ivannia Mora que, aunque ocurrieron por distintas razones, están sin revolver y permanecen en la impunidad.

Pero no solo los asesinatos se convierten en formas para acallar y amordazar la libertad de expresión. Existen otras formas, como la presión legal que se utiliza para infundar temor entre los comunicadores e impulsarlos a no indagar más allá, por miedo a represalias.

Otro aspecto importante que destaca en el informe de la Relatoría Especial son las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, como es la utilización por parte de funcionarios públicos de procesos penales contra periodistas por delitos como desacato, difamación, injurias y calumnias.

Ulibarri aseguró que un segundo frente contra la prensa son las acusaciones y el asedio legal que emprenden algunos funcionarios públicos, aunado a una legislación restrictiva que hace más fácil presentar acusaciones contra los medios de comunicación y sus periodistas.

“En Costa Rica se disfruta de la libertad, pero aún no somos capaces de reformar la legislación vigente, sobre todo en delitos contra el honor. Se siguen presentando acusaciones de índole penal que implican la cárcel para los periodistas”, aseveró Ulibarri.

Al respecto, el presidente del Colegio de Periodistas comentó que, en muchas ocasiones, el funcionario público, amparado en su rol y en su estatus, no brinda la información solicitada y que la dan en su totalidad cuando les conviene, pero cuando se trata de asuntos en los que están involucrados negativamente la prensa se convierte en enemiga.

“Esta situación ha venido mejorando, porque en algunos casos las autoridades han resuelto a favor de la prensa. El periodista, en sus labores cotidianas, se ve sometido a presiones políticas y empresariales y hay que irlas eliminando desde diferentes niveles. Es también importante que el medio cuente con el respaldo de la empresa y del editor para el cual trabaja”, puntualizó Valverde.

Por su parte, el periodista y abogado Luis Sáenz es del criterio de que los periodistas no son sujetos excluidos del régimen legal del Estado de Costa Rica, por lo que si incurren en prácticas abusivas que lesionan los derechos de las personas deben responder.

“El procedimiento de la acusación penal no significa por sí misma una limitación al ejercicio de la profesión (...) Una acusación penal tiene como fin sancionar una conducta abusiva. Habría que analizar si el periodista incurrió en esa falla”, agregó Sáenz.

Aunque la situación en Costa Rica no es tan preocupante como en otros países, los expertos consultados indicaron que se deben tomar medidas para evitar llegar a casos lamentables.

Todos coinciden en que una de las soluciones urgentes es la aprobación de la Ley de Libertad de Expresión y Prensa, que está en discusión en la Asamblea Legislativa.

“La ley busca encontrar la forma para que el periodista tenga mayor margen de libertad en sus trabajos de investigación. La cárcel para los periodistas por difamación e injurias es un problema y una amenaza”, recalcó Heriberto Valverde.

Mario Ugalde, por su parte, aseguró que es necesario reformar la Ley de Prensa, ya que la Ley de Imprenta es “vieja y obsoleta”.

“No es que los periodistas podamos decir cualquier cosa, pero si se puede probar, que se dé la oportunidad para hacerlo”, agregó.

Por su parte, Eduardo Ulibarri aseguró que “la solución es aprobar el informe sobre libertad de prensa pendiente en el Plenario, pero no hay voluntad política. Si bien es cierto los políticos reconocen la importancia de la libertad de expresión, cuando se trata de dotarla de mecanismos para que se ejerza tienen reticencia porque implicaría mayor crítica a la labor, hay una contradicción”.

Ulibarri añadió que el futuro de la libertad de expresión en Costa Rica depende de esa voluntad política que tenga el Gobierno.

El informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señala diversos puntos que consideran preocupantes para el ejercicio de la profesión.

-Durante el año anterior, 19 periodistas fueron asesinados por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.

-Esa cifra revierte la tendencia decreciente en este tipo de homicidios, que se venían registrando en el hemisferio los últimos tres años.

-La mayoría de los crímenes quedan en la impunidad, lo que propicia que ocurran nuevos asesinatos.

-El informe registra más de 200 casos de agresiones y amenazas contra comunicadores, hechos que frecuentemente no se investigan.

-Otras restricciones a la libertad de expresión son procesos penales contra periodistas por los delitos de desacato, difamación, injurias y calumnias.

-Se señalan también despidos como resultado de la presión gubernamental.

Fuente: informe anual 2006 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.