Desviando la atención

Cada vez son más frecuentes los casos en los cuales los abogados que participan en los procesos penales tratan de achacarle a la prensa un rol que en realidad no tiene. Han llegado, incluso, a justificarse ante sus clientes con el argumento de que la participación de los medios influenció a los jueces en una u otra dirección.

El último episodio de estos se produjo esta misma semana, cuando después de varios días de estar cubriendo el juicio que se sigue al ex defensor público Luis Fernando Burgos, los periodistas debieron escuchar una instrucción de los jueces que componen el Tribunal de Juicio, prohibiendo a los abogados de la familia de la víctima el hacer ante la prensa relatos sobre las declaraciones de los testigos.

El abogado Gonzalo Castellón, quien representa a la coimputada Zulay Rojas en este proceso, fue el primero en pegar el grito al cielo, y lo secundó Jorge Rojas, quien defiende a Burgos. Según ellos, sus colegas de enfrente están litigando en los medios, haciendo juicios paralelos, para que la ciudadanía condene a los acusados.

A ellos les corresponde demostrar la inocencia de los acusados ante los tribunales de justicia, y es a esa función a la que deben abocarse. De, hecho, lo que digan o no los ciudadanos fuera de la Sala donde se desarrolla el debate, no tiene ningún efecto vinculante para los jueces. Si entendemos que los abogados y los jueces pueden alcanzar grados de objetividad que les haga manejar los casos penales desde una perspectiva estrictamente legal, entonces no hay ninguna razón para que se piense que los medios de comunicación o la opinión ciudadana van a influenciarlos en un proceso como este.

Asumir lo contrario supondría algo parecido a creer de antemano que en el juicio que nos ocupa algo saldrá mal por el hecho de que tanto la víctima como los acusados eran funcionarios judiciales. Y esto no es correcto, porque son escenarios que se pueden presentar en la vida, pero frente a los que prevalece una amplia normativa.

La cobertura de este juicio ya ha supuesto una serie de limitaciones a los medios de comunicación, a partir del momento en que el Tribunal resolvió que la presencia de fotógrafos y camarógrafos en la Sala puede afectar a los testigos. Este es un argumento que debemos respetar, pero que no podemos compartir toda vez que en otros procesos, ciertamente complejos, no marcaron diferencia. Recordamos, muy recientemente, el juicio por el asalto a la sucursal del Banco Nacional en Monteverde, para citar solo uno.

Y, aún después de eso, y del respeto que por esa decisión hemos tenido todos los medios de comunicación, ahora se da un paso más en la dirección de controlar y limitar la acción que podamos tener frente al juicio. Nos parece que, de esa manera, se ha caído en una contradicción porque por tratarse de un debate oral y público, al que nuestros periodistas tienen acceso, todos los que asisten pueden escuchar de primera mano las declaraciones. Y, francamente, no vemos nada de malo en pedir a los abogados una opinión sobre ello, o incluso, un recuento para saber, desde su punto de vista, qué fue lo más importante que se dijo.

Los abogados defensores deberían concentrarse más en lo suyo y dejar de buscar chivos expiatorios, mientras que los jueces deberían evaluar con mayor fundamento este tipo de resoluciones.