Las rutas de buses

El tema de la calidad del servicio de transporte público modalidad autobús siempre ha estado sobre el tapete. En mucho es así por la cantidad tan alta de costarricenses que dependen de este recurso para sus actividades diarias.

Recurrentemente se ha reclamado la mala calidad del servicio, problema que por años ha afectado a casi todos los usuarios de una forma u otra.

A partir de ello, se ha querido exigir a los autobuseros un mejor servicio, atendiendo oportunamente los horarios con unidades en buen estado y choferes conscientes del rol que cumplen como prestatarios directos de un servicio público.

La legislación nacional manda que ese servicio se preste en el marco de una concesión del Estado a los particulares que deseen operar empresas en este sector y, aunque a través del tiempo se han escuchado algunas voces que cuestionan este mecanismo, es hoy día el que sigue vigente.

Sin embargo, como suele ocurrir en los asuntos de Estado, los funcionarios encargados de administrar el tema han estado recurriendo sistemáticamente al otorgamiento de permisos, que se renuevan una y otra vez, para operar las rutas.

Cierto es, como lo dice la presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, Maritza Hernández, que el hecho de que se opere con un permiso en lugar de una concesión no lleva necesariamente a que los usuarios reciban un servicio menor calidad. Sin embargo, la lógica empresarial hace pensar que es muy factible que se presenten problemas.

Por ejemplo, los permisos tienen plazos de vigencia menores a las concesiones. Los buses son equipos caros, cuyo costo debe ser cubierto con la tarifa que se cobra por el servicio. Esto lleva, indefectiblemente, a que los empresarios terminen midiendo muy bien las inversiones que hagan si no tienen la certeza de mantener las unidades en operación.

Recordemos, por ejemplo, que cuando el Consejo Público de Transporte le dio un permiso a Lumaca para que se hiciera cargo de la ruta entre San José y Cartago, y viceversa; los responsables de esa empresa anunciaron que traerían 101 buses nuevos desde Brasil para atender la nueva obligación. Pero, a la fecha, si bien pusieron una buena parte de buses nuevos en esa ruta, hay aún viejas unidades que trajeron, no de Brasil, sino de Alajuela y La Uruca.

¿Se puede culpar solamente a los empresarios? Nos parece que no, toda vez que mientras persista la operación bajo la modalidad de permiso siempre estará en el aire una pregunta: ¿Hasta cuándo corresponde atender la ruta?
Ahora bien, el hecho de que el Consejo haya estado usando casi de manera exclusiva la figura del permiso para que las rutas sean atendidas llama poderosamente la atención. Porque los requisitos que la ley establece para otorgar la concesión no son difíciles de llenar. Si el concesionario no cumple, pues tampoco es tan complicado cancelar esa concesión. Si ese es el cuadro, no vemos ninguna razón para que un 67% de las rutas estén en situación de asignación temporal, incluso desde hace ya muchos años.