El dilema de Colombia

Colombia vive una situación que no es típica de una guerra civil. Pero que tampoco es lo característico de una situación política estable. Es uno de esos marcos difíciles de definir, pero que en esencia no le permite a la sociedad desarrollarse como tal.

Es más bien un extraño cuadro en que han surgido diversas organizaciones militares y paramilitares, cada una destinada a defender una situación particular, pero diferente a las de sus pares. Como si esto fuese poco, pues el establecimiento de negocios paralelos ha terminado por consolidar estructuras de poder que no están dispuestas a ceder los espacios que han ganado por esa vía. Particularmente es el caso de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que de revolucionarias no tienen nada, aunque sí de armadas. Y bien armadas, gracias al floreciente negocio del narcotráfico, que han complementado con el del secuestro.

Si se repasa la acción de las FARC en los últimos 25 años, no aparece en escena ninguna propuesta de corte político sobre la mesa. Esa organización no se ha ocupado de plantear reivindicaciones sociales en favor del pueblo colombiano que, en cambio, ha debido soportar los niveles de terror que ha impuesto para afectar la rutina diaria de todos.

Las acciones terroristas han marcado el devenir de las FARC desde siempre. Aunque en ningún caso se pueden justificar, es notable el hecho de que esta guerrilla nunca las ha utilizado para generar cambios en favor de la población. Más bien esta es la que sufre mayormente cuando con esas acciones se daña la única ruta de acceso a vastas zonas del país, o se corta el suministro de energía eléctrica, o se eliminan las comunicaciones.

Esta guerrilla ha llegado a esos extremos incluso en momentos en que Colombia ha sido fuertemente golpeada por los fenómenos naturales, de manera que se convierte su acción en un doble castigo a una sociedad que no lo necesita.

Lo peor de todo esto es que desde dentro no han surgido alternativas para revertir la situación, al extremo de que cada día se consolida más la impresión de que no hay salida. El Gobierno —sea cual sea el partido político en el poder— enfrenta todo un dilema porque el creciente número de secuestros impide desarrollar acciones militares indiscriminadas en contra de los guerrilleros. Esa vía no se muestra como la adecuada, porque sumaría mayor desesperación y frustración a las familias de esas víctimas del conflicto.

Las vías de financiamiento surgidas desde el narcotráfico, por otro lado, permiten a los alzados en armas garantizarse la continuidad de sus acciones sin riesgo alguno.

De frente a esa compleja realidad, han surgido quienes ven en la presión internacional la única salida. Aquí es donde el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha hecho su primer movimiento y está logrando el apoyo de varios familiares de secuestrados, que creen ciegamente en que puede torcerle el brazo y la voluntad a los principales líderes de las FARC.

En la práctica, sin embargo, surgen muchas dudas sobre las verdaderas pretensiones de Chávez, acostumbrado a figurar y, en principio, con fuertes coincidencias ideológicas con lo que originalmente planteaban los alzados en armas. En ese contexto, la principal interrogante de frente a una mediación de Hugo Chávez gira en torno a los alcances de los compromisos que podría asumir para el Gobierno colombiano a cambio de una oferta real de liberación de rehenes. Eso asumiendo que estemos frente a una voluntad real de las FARC de dar un giro en el esquema operativo que ha utilizado hasta la fecha, lo cual tampoco parece claro.