La caída de un viceministro

José Lino Rodríguez, un funcionario de carrera en el Ministerio de Educación Pública, no logró llegar al año en el cargo de viceministro. Es difícil saber si simplemente le quedó grande el puesto o se le subió a la cabeza, como se dice popularmente.

Lo cierto del caso, sin embargo, es que terminó saliendo por la puerta de atrás de un despacho que pudo haber alcanzado sobre la base de su desempeño profesional en el sector magisterial.

Este es uno de esos casos que se deben analizar con cuidado, porque denota varias cosas. En primer lugar, un profesional que dejó de serlo cuando lo nombraron en uno de los mayores cargos a los que pudo haber aspirado. Para cualquier educador -o incluso para profesionales en otros campos que han terminado trabajando en ese sector- el cargo de viceministro puede sonar interesante. Pero si se llega, hay que saberlo encarar. Allí falló el señor Rodríguez, quien al parecer entendió que el ascenso a viceministro era una oportunidad para trabajar por su familia.

Perdió la perspectiva, porque entendió de una manera muy limitada sus funciones. No fue capaz de visualizar que, en realidad, su obligación era con todos los educandos y con todos los educadores de este país.

Se limitó a su hermano, a su esposa y a su sobrina política. Por ellos movió cielo y tierra, cosa que no hizo por el resto de los trabajadores del sector, ni por los estudiantes, que son a fin de cuentas los que le dan sentido al Ministerio.

Eso es muy grave.

Lo segundo es que no renunció al cargo, sino hasta que estuvo listo el informe de la Comisión de Ética del Poder Ejecutivo. Claro que cualquier análisis de este hecho denota que lo obligaron a hacerlo, y eso dice muy poco de su sentido de responsabilidad, si es que se puede asumir que tenía alguna. Dicho esto a partir de los hechos que lo llevaron a la situación en que hoy se encuentra.

Lo tercero, y quizá lo más grave en todo esto, es que las cosas pasaron y nadie en el Ministerio de Educación hizo nada, hasta que el tema llegó a la prensa. Esto implica, en primer término, que si no se hubiese ventilado públicamente el caso, el hombre seguiría tranquilo y campante en su cargo.

Mas la cuestión no queda allí: se hace evidente que no hay controles efectivos sobre lo que ocurre en algunas oficinas públicas, donde muchos suelen llegar por favores políticos, y otros prefieren pensar que es para estos que trabajan y que es a estos a quienes se deben. Entonces quienes deben ser los beneficiarios del sistema, terminan burlados por quienes, se supone, deben responderles.

Lo que ha ocurrido en el caso del viceministro de Educación obliga a tomar medidas de control en torno a las acciones que realizan los jerarcas de las instituciones públicas. Que el tema es complicado, es evidente. Pero también lo es que se requiere hacer el mayor esfuerzo posible para resolverlo. No podemos seguir pagándoles a funcionarios públicos para que, simplemente, se amparen a su puesto para establecer tráfico de influencias.

Lo del señor Rodríguez debería servir de ejemplo a otros funcionarios del mismo rango e incluso de niveles superiores.