Los diputados y la Sala IV

Ya son recurrentes las críticas en torno a la intromisión de la Sala Constitucional en los asuntos de los diferentes poderes de la República, y de las instituciones autónomas.

Pero se hacen más intensas cada vez que la Sala resuelve un tema polémico. Todavía hoy, por ejemplo, muchos siguen cuestionando la actuación de los magistrados en torno a la Acción de
Inconstitucionalidad que llevó a la eliminación de una reforma constitucional de 1969, que prohibió la reelección presidencial.

Esas críticas son comprensibles cuando vienen de casi cualquier sector de la sociedad. De hecho, desde este mismo espacio editorial, nosotros hemos cuestionado argumentaciones de la Sala en distintos campos.

Lo que no es admisible es que los diputados a la Asamblea Legislativa se sumen a esas críticas y se queden allí. Y no es admisible, porque los únicos que pueden hacerle modificaciones a la Sala, son precisamente ellos.

En efecto, los diputados tienen la potestad de modificar parcialmente la Constitución. La misma Sala en cuestión fue creada por la vía de la reforma constitucional. De manera que no es entendible que los legisladores se pasen lamentando por eventuales abusos de los magistrados, pero a la hora de llegada, pese a tener el poder para cambiar la historia, no lo hacen.

Y ojo que si se quiere hacer bien las cosas, no se trata de llevarle la contraria a la Sala, ni de tratar de volver sobre lo que los magistrados dictaminaron en uno u otro tema. No. Allí no está el punto. Más bien, es cuestión de fijar límites a la Sala, de manera que los magistrados sepan en qué marco realizan su función.

Hasta ahora, hay un escenario muy amplio en que la Sala puede actuar. Un poco porque la Constitución Política fija términos amplios; otro poco, porque la Ley de Jurisdicción Constitucional deja muchos portillos abiertos; otro poco porque los magistrados le dan interpretaciones muy amplias a esos textos; y finalmente, en mucho, porque los ciudadanos han terminado llevando todos los asuntos inconclusos ante la Sala.

Este último punto también debe servir como llamada de atención a los diputados. Porque cuando hacen mal una ley, o del todo no legislan, la única posibilidad que queda es la Sala. De hecho, los magistrados, con todo y que a veces se toman mucho tiempo, son más eficientes que los diputados. Y el tiempo es oro.

Lo otro son las instituciones autónomas que no son capaces de brindar a los costarricenses la atención a que éstos tienen derecho por ley. Suele pasar en los casos de la Caja Costarricense de Seguro Social, algunos bancos y las empresas de servicio. Ante ello, la gente ha encontrado que la respuesta de la Sala suele ser más directa y más rápida que la de los jerarcas institucionales, que tienen por costumbre cobijarse en el mar de excusas que se inventan precisamente los mismos subalternos que nunca terminan por resolver nada.

En síntesis, que los diputados ajusten el rol de la Sala Constitucional sí les está resultando un problema. Pero también, que legislen como corresponde, y que las instituciones cumplan las leyes.