Salario escolar genera disputa entre sindicatos y empresarios

• Mientras la ANEP aboga por que se implemente este incentivo para los trabajadores del sector privado, las cámaras empresariales lo objetan.

Krissia Morris/Tatiana Gutiérrez
plibre@prensalibre.co.cr

La idea de que los empleados del sector privado reciban el salario escolar genera enfrentamientos entre los sindicatos y empresarios.

Y es que mientras que los representes laborales aducen que el incentivo sí debería aplicarse para los trabajadores de la empresa privada, situación que se traduciría en una justicia laboral, los empresarios opinan todo lo contrario y justifican su posición indicando, entre otras razones, que se limita el ingreso mensual de los trabajadores y se restringe la capacidad de ahorro de los empleados de la manera que más les convenga.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) reiteró su llamado a los diputados para que aprueben, lo antes posible, el proyecto de ley que permitiría a los empleados del sector privado recibir el salario escolar.

Albino Vargas Barrantes, secretario general de la agrupación, sostuvo que la iniciativa es de conocimiento legislador desde 1999, al tiempo que sostuvo que el establecimiento del salario escolar no implica mayores costos de producción, pues el beneficio está constituido por las deducciones de una parte del incremento salarial semestral de cada persona trabajadora.

En este sentido, según comentó Vargas, en cada empresa puede acordarse el periodo de tiempo en que se llegará a la plenitud del cómputo del Salario Escolar, es decir, podrá definir en cuántos semestres buscar alcanzar el 8,19%, contemplado por la ley.

Sobre el particular, el dirigente sindical comentó que unas vez alcanzado el 8,19% el trabajador lo seguirá recibiendo enero de cada año, debido a que ya quedó incorporado en los presupuestos de las empresas.

“No es posible que siga persistiendo esta gran diferencia entre la clase trabajadora del sector público y la del sector privado. Es un acto de gran justicia social corregir este asunto y la posibilidad la tiene la Asamblea Legislativa que tramita ya un proceso de ley al respecto.

Desde 1995 entró a regir el salario escolar en el sector público, el cual es girado cada enero y los empleados lo asignan para la compra de implementos escolares de cara al inicio del curso lectivo.

Éste consiste en una reducción del 8,19% que aplica el Ministerio de Hacienda a los salarios girados entre enero y noviembre del año anterior.

LA PRENSA LIBRE quiso conocer la posición de los jerarcas de Trabajo, Francisco Morales o Guillermo Matamoros Carvajal, al respecto, pero a la hora del cierre no habían devuelto los mensajes dejados en sus respectivos despachos.

Los representantes de las principales cámaras empresariales del país aseguraron que es inconveniente la aprobación del proyecto de ley 15.171, que incorporaría el salario escolar para el sector privado, debido a que limita el nivel de ingreso mensual de los trabajadores y obliga a ahorrar un monto determinado.

Según la directora ejecutiva de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), Shirley Saborío, se está castigando el poder adquisitivo mensual de los trabajadores, el cual deberá ahorrar un monto que se les devolverá sin intereses, lo cual es injusto y en ninguna medida fomenta el ahorro.

“Creemos que dicho proyecto de ley limita el derecho de los trabajadores a administrar sus propios recursos de la manera en que lo consideren más conveniente.

“A un gran número de trabajadores no les se puede retener una doceava parte de sus ingresos, debido a que al ahorro que deberán hacer para el salario escolar se suma el 9% de cargas sociales, que pesa mucho en la capacidad económica familiar”, dijo.

Para el presidente de la Uccaep, Rafael Carrillo, el proyecto tergiversa la finalidad del salario escolar, ya que obliga a que se deduzca el porcentaje de 8,33% a todos los trabajadores, independientemente de si tienen o no hijos en edad escolar.

“La iniciativa responsabiliza a los patronos de la inversión de los recursos de los trabajadores, lo que va más allá de las posibilidades reales de cumplimiento por parte del empresariado nacional”, dijo.

Según Saborío, de acuerdo con los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a diciembre de 2006 los trabajadores asalariados del país superaron el millón de personas y perciben una masa salarial que ronda los ¢250 mil millones.

“Por lo que, la aprobación de este proyecto de ley crearía una gran masa de ahorro, en momentos en que el mercado financiero está saturado por el dinero de las operadoras de pensiones.

“Además, la administración de esa masa de ahorros, dividida entre una gran cantidad de trabajadores, generaría un alto costo por parte del fiduciario.

“Adicionalmente, la existencia de una fecha definida para la devolución de esos recursos conlleva a una concentración de las inversiones en una fecha determinada, lo cual va a afectar el mercado y los rendimientos de las inversiones”, concluyó.