Reformas electorales

Estamos a dos semanas de completar un año desde las elecciones generales de 2006. En ese periodo, los diputados de la Asamblea Legislativa aún no asumen el reto de discutir un proyecto integral de reformas a la legislación electoral.

Algunos estiman que todavía queda suficiente tiempo, porque las próximas elecciones están lejos en el panorama. Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, entretanto, sienten que no es adecuado plantear el asunto mientras la Asamblea Legislativa esté en periodo de sesiones extraordinarias, para no comprometer al Poder Ejecutivo, que controla la agenda.

Sin embargo, si analizamos fríamente el punto, caeremos en cuenta de que el tiempo pasa rápido. Se nos hace muy reciente toda la polémica generada a propósito del resultado de las elecciones presidenciales de 2006.

Lo mismo ha pasado en otros periodos: se retrasa la discusión, casi como si se pretendiera evitarla. Pasa el tiempo y no se hace nada, pero luego todos se quejan de las debilidades que encuentran en la legislación, especialmente si les parece que de alguna manera terminan afectados sus intereses.

Entre los cambios más urgentes están los referidos a nuevos controles en materia de financiamiento privado a los partidos políticos, para evitar la penetración de dineros de dudosa procedencia. En el periodo anterior asistimos a una larga discusión sobre esta materia, pero no se logró consolidar ninguna reforma.

Paralelo a ese punto se deberá resolver el futuro del aporte estatal a los partidos políticos. Actualmente, se asigna de acuerdo con los resultados que obtenga cada una de las agrupaciones, de manera que la mayoría de ellas no alcanza el mínimo de votos establecido y se queda sin recursos, aun cuando los haya comprometido ya previamente.

Por ello, hay quienes reclaman que se les haga un aporte básico a todos los partidos que inscriban
candidatos, a fin de que puedan al menos presentar sus propuestas al electorado.

Además hay otros temas más complejos que en algún momento tendrán que discutirse. Por ejemplo, si se cambia el actual sistema de elección de diputados por lista cerrada para pasar a una elección por lista abierta. La diferencia fundamental sería que en el nuevo escenario cada elector podría escoger, de entre los nombres que se le presenten, el que mejor consideren. Al final, los 57 diputados serían aquellos que sumen más votos, independientemente del lugar que hayan ocupado en la lista, y del partido que los haya
postulado. Este es un ajuste indispensable, porque en el cuadro actual, en realidad los electores votan por un partido y no por un candidato y, al final, algunos llegan a ser diputados por la posición ventajosa en que aparecieron en la papeleta.

Los diputados deberían comprometerse de una vez por todas en hacer las transformaciones, para que el sistema democrático deje de padecer el creciente
desinterés de la gente. El problema es que no se toman las medidas y luego se buscan argumentos para
justificar la inacción propia, al tiempo que se tiende a censurar a quienes se manifiestan insatisfechos con el sistema.