Es una lástima

Es una lástima que las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía se hayan esperado hasta que los accidentes se pusieran a la orden del día para inspeccionar las estaciones de servicio.

Es también una lástima que esas mismas autoridades hayan dado aviso a la contraparte ahora que, por fin, decidieron hacer las inspecciones.

Lo primero deja mucho que desear, porque el país debió asistir a la muerte de dos menores en un incendio en una gasolinera antes de que se revisaran los controles.

Si bien no ha quedado claro aún si ese incendio se pudo evitar o no, sí deja un sinsabor el hecho de que haya ocurrido el incidente en el que esos menores perdieron la vida.

Da más tristeza aún el hecho de que el Gobierno requiriera tanto tiempo para actuar después de esas muertes. Es que queda una sensación de desinterés que asusta. Porque el cumplimiento de las leyes es obligación de todos los ciudadanos. Pero eso es, a fin de cuentas, solo una teoría que se cae por su propio peso. Es que si todos hicieran siempre lo correcto, no harían falta leyes. Entonces, pensar que no ser requiere un seguimiento y un control del cumplimiento de las disposiciones legales, no parece serio.

Bajo la misma premisa, lo segundo es igualmente preocupante. Si alguien en alguna estación de servicio no está cumpliendo con las medidas de seguridad, pero se le avisa cuándo será la inspección, es seguro que hará ajustes para pasarla. Cuando esto ocurre, normalmente no serán los mejores ajustes, porque estarán pensados para superar la revisión, y no producto de una conciencia plena en torno al tema.

Es urgente que el Minae se replantee el asunto, y establezca programas de control adecuados a las nuevas circunstancias que hemos visto en el país. Aquí debe observarse con detalle el tema de las responsabilidades, porque el incidente de Escazú dejó en el tapete la cuestión de si todas las estaciones de servicio son administradas por quienes están autorizados legalmente para ello. La ciudadanía necesita tener seguridad en esta materia, porque si bien nadie quiere los accidentes, cuando estos ocurran no es momento de quedarse perdido en un mar de indefiniciones.

Este tema es aún más importante cuando observamos que en el Plan Nacional de Desarrollo el Poder Ejecutivo apuesta por una apertura en el comercio mayorista de combustibles en el país. Si no hay controles claros aplicables a las estaciones de servicio, ¿qué podría pasar cuando vengan los mayoristas a instalar sus propias plantas en un escenario como ese?
El Estado no puede obviar su obligación de regular ciertas actividades en defensa de la seguridad de la población. Tampoco puede evadir su compromiso de supervisar el cumplimiento de esas regulaciones. No se puede justificar en limitaciones presupuestarias u operativas, porque en esa misma medida estaría renunciando a su razón de ser.

Es urgente que en situaciones como estas se sienta la autoridad del Gobierno, y que las medidas correctivas que se requieran se den antes de que se pierdan vidas humanas.