Caja tendría que redactar proyecto de ley

• Supen espera que se genere rentabilidad para no afectar otros regímenes como el de Invalidez Vejez y Muerte y el de Enfermedad y Maternidad.

Carolina Acuña Durán
cacuna@prensalibre.co.cr

El jerarca de la Caja aún no se ha referido al futuro de la OPC, tras el pronunciamiento de la Procuraduría.

La PGR explica que dentro de este esquema, “puesto que la Caja no puede disponer de los recursos de la seguridad social, la inversión debe ser rentable, y por ende, recuperable” reza el documento emitido ante una consulta del jerarca de la Superintendencia General de Pensiones (Supen), Javier Cascante.

Y es que el problema surge en que todos los afiliados al IVM y el SEM que no son clientes de la OPC de la CCSS están desde hace años capitalizando y pagando gastos en una operadora a la cual no pertenecen, y a pesar de que el buen desempeño de los estados financieros de la OPC se concreta como un beneficio directo en los fondos de dichos seguros, las pérdidas también se ven reflejadas en esos dos regímenes.

El fondo del asunto radica en la limitada capacidad del OPC de la CCSS de generar ganancias ya que la comisión cobrada por esa operadora “no podrá ser superior a los costos operativos anuales, más un porcentaje de capitalización”, según lo establece la Ley de Protección al Trabajador.

Es decir la operadora no puede generar utilidades y eso la amarra para que crezca.

Cascante, quien conversó con LA PRENSA LIBRE, detalló que además de definir la fuente del capital de su OPC y tomar la decisión de modificar, mediante un proyecto de Ley, la manera como se calculan las comisiones, la entidad aseguradora tendrá otra tarea: definir bajo qué figura quiere trabajar.

El Superintendente explicó que actualmente la Caja debe elegir si quieren además de manejar el Fondo de Capitalización Laboral (por Ley lo hacen) mantener la OPC, ya que el capital mínimo de funcionamiento de una OPC que maneje el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) es de ¢491,6 millones mientras que para manejar el FCL solamente necesitarían ¢49 millones.

El jerarca afirma que manejando una cifra tan baja de afiliados (cerca de 20 mil de un total de un millón) existen muchas posibilidades de que se puedan generar estados de resultados que cierren en números rojos, mientras “si reducen la operadora a solo manejar el FCL es muy posible que se obtengan números azules“ comentó.

Desde hace varias semanas LA PRENSA LIBRE trata de obtener una respuesta de la Caja sobre qué acciones emprenderán tras el dictamen de la Procuraduría que se emitió desde el 19 de diciembre de 2006, no obstante hasta el jueves anterior el jerarca de la entidad Eduardo Doryan manifestó por medio de su oficina de prensa que se referiría al tema luego de analizarlo en Junta Directiva.

Al parecer dicho análisis no se ha hecho, ya que nuevamente el lunes se trató de conocer las medidas que se utilizarán pero no se obtuvo respuesta.

La premura de una decisión se torna crucial en un contexto donde se sabe que cada mes que se pierda sin poder modificar el esquema de comisiones significa trabajar al costo, es decir sin ganancias, y que cada día que se atrase la redacción del proyecto de ley dilatará su llegada y aprobación en la Asamblea Legislativa.

En 2006 la OPC de la CCSS generó ganancias por un poco más de 65 mil millones, lo que la coloca como la segunda operadora que menos utilidades generó (solo Bac San José Pensiones tuvo menos rentas con 5.774 millones) y además en la parte operativa está enfrentando pérdidas.

Veamos algunos números.

Utilidades 65.007 millones
Activo total 1.216,7 millones
Patrimonio 1.187,4 millones
Resultado operacional * -65.626 millones

*Ingresos operacionales menos gastos operacionales
Fuente: Héctor Maggie director de operaciones, OPC CCSS.