• Proyectos del ICE
UCR advierte ruptura del Modelo Solidario con apertura de Telecomunicaciones
• Representantes resienten que el Ejecutivo no haya tomado en cuenta su posición cuando presentaron en 2006 una iniciativa de fortalecimiento del sector.
Esteban A. Mata Fonseca
emata@prensalibre.co.cr
Foto: Luis Morales Castro
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El consejo universitario de la UCR insiste en que los proyectos de apertura de Telecomunicaciones atentan contra el modelo solidario que sostiene el ICE.
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Representantes del Consejo Directivo de la Universidad de Costa Rica (UCR) se apersonaron a la Asamblea Legislativa para dar su posición de frente al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.
En la exposición, Manuel Murillo, miembro de la Comisión Especial de Telecomunicaciones del Consejo Rector de la UCR, hizo una comparación temática sobre la forma en que el tema es abordado por el Poder Ejecutivo en su proyecto.
A diferencia de lo propuesto por las autoridades universitarias el 27 de julio de 2006 en su iniciativa de ley, el proyecto que se discute en una comisión dictaminadora con plazo y que salió del Ministerio de Ambiente y Energía, establece el marco jurídico necesario para la apertura del mercado de Telecomunicaciones, lo cual consideran los académicos como algo poco conveniente.
Esto por cuanto consideran que el sector de las telecomunicaciones es “estratégico para la consolidación social, económica, financiera y cultural del país”, según un informe presentado a los diputados.
También enfatizó en que la conformación de la Superintendencia de las Telecomunicaciones tal y como está planeada será ineficiente de cara al nivel de negociaciones y de temas que han de tratar, y consideran que los requisitos que se piden para los integrantes (cinco años de función en administración pública y grado de licenciatura) no alcanza para el grado de especialización requerida.
Además, Murillo exteriorizó a los legisladores que el proyecto que se estudia en la Asamblea, plantea aspectos perjudiciales para el modelo solidario, siendo que con la apertura del monopolio, la entrada en operaciones de otras compañía lejos de garantizar, amenaza el modelo.
“Lo que ha hecho la UCR es que plantea un modelo legal para la modernización y fortalecimiento del ICE”, expresó el especialista.
Para Murillo, la diferencia entre el monopolio estatal guiado por el ICE y un mercado abierto, es que el ICE debe ofrecer y garantizar un “servicio público”, mientras que las operadoras privadas que entrarían a trabajar en el especio costarricense lo harían desde una perspectiva de “servicio al público”.
En este planteamiento no se garantiza un servicio universal, sino un servicio de compra, en el cual solo quien tiene la capacidad de pago puede accesarlo.
Modelo europeo y realidad costarricense
LA PRENSA LIBRE cuestionó a Murillo sobre la defensa que en reiteradas ocasiones ha hecho el ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, sobre el hecho de que el proyecto sea de modelo “europeo” y por lo tanto no se parezca a los modelos implementados en los países latinoamericanos.
A esto Murillo respondió que el modelo europeo que se plantea sirve solo en Europa, en vista de que la realidad del costarricense promedio dista en mucho.
“Si los costarricenses tuvieran un índice de pobreza como en Europa, y un ingreso per cápita como en Europa, entonces sí se aplicaría el modelo. Pero no es así, y ¿quién arregla ese problema?”, señaló.
Además resaltó que las políticas en torno al sector telecomunicaciones deben responder a un modelo específico de desarrollo para el país, y servir de marco para la formulación que regule la industria y que a la vez sean congruentes con las prioridades en materia de desarrollo sostenible y solidario, lo que según se desprende de las comparaciones hechas por Murillo y los demás representantes, no se refleja en el proyecto del Ejecutivo.
Por el contrario, siguen resintiendo que seis años después de los conflictos del “Combo energético” en 2000, cuando la UCR se puso a trabajar con una comisión interdisciplinaria que estudiara el tema de las telecomunicaciones, hayan presentado un proyecto que no se tome en cuenta de parte del poder Ejecutivo.
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