Acciones sin sentido

Es obligatorio hacerlo. Seguimos con el tema de ayer. Porque la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia de Alajuelita le ha hecho una prevención a LA PRENSA LIBRE en particular y a todos los medios de comunicación de la Sociedad Periodística Extra, en general, debido a que en una información de sucesos publicamos un nombre y un apellido de un menor de edad.

Nos hacen la advertencia de que, si volvemos a incurrir en una acción similar, nos llevarán ante los Tribunales de Justicia, por violación de los derechos de las personas menores de edad.

La prevención a que hacemos referencia es el resultado de una gestión que inició en mayo pasado la señora Virginia Murillo Herrera, en su calidad de presidenta de una organización denominada Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI).

La acción de la señora Murillo se circunscribe al caso de un menor de 16 años que fue detenido por la policía minutos después del asalto a la casa del ex diputado, ex ministro y ex candidato presidencial Ricardo Toledo.

En ese asalto, los antisociales mataron a la empleada doméstica de la familia Toledo. Mataron a un vecino que los vio e intentó llamar a la policía. Agredieron a mansalva a la esposa del señor Toledo. En su huida, le dispararon a un oficial de Tránsito, en una de las intersecciones de Hatillo. Protagonizaron una fuga adicional mientras eran perseguidos por la policía. Protagonizaron una balacera enfrentando a la policía.

Cuando las autoridades lograron detener el vehículo, ¡oh sorpresa!, allí estaban, entre otras cosas, un televisor y algunas joyas robadas en la casa de la familia Toledo.

Pero allí no acaban las sorpresas. Porque al detener al conductor del vehículo, las autoridades lograron establecer que se trataba de un menor de 16 años. Su cómplice fue detenido horas más tarde y pudo ser plenamente identificado porque en la balacera recibió un disparo de parte de un oficial.

En casos como estos es difícil entender a alguna gente. Cierto que la ley establece que no se puede jugar con la imagen de los niños y niñas. Cierto que protege su derecho a la intimidad. Pero de allí a lo que pretenden ambos, el Patronato y la señora Murillo, hay un mundo de ridiculeces de diferencia. Si asumimos lo que dicen, igual le quedaría vetado a los medios de comunicación publicar imágenes de los niños y niñas cuando ganan competencias deportivas. Pero, en estos casos, nadie se ha quejado. Lo hacen cuando se trata de hechos delictivos, solamente.

Nosotros consideramos que hay que entender la legislación en un sentido lógico. Si un menor de edad es capaz de participar en hechos delictivos del calibre de los que hemos descrito, entonces debería ser capaz de enfrentar el hecho de que se le identifique ante la gente. Esto es indispensable porque el resto de los costarricenses tiene derecho a conocerlo para protegerse de él. Pero esto no lo entienden la señora Murillo ni el Patronato.

Nos preguntamos, ¿cuál sería la posición de ambas partes si la señora vilmente asesinada hubiese sido empleada de alguna de esas entidades? ¿O, mejor aún, la madre del señor ejecutivo del PANI, o la madre de la señora Murillo? Definitivamente aquí hace falta sentido común.