Legislación para proteger identidad de menores fomenta una doble moral

Karina Alpízar Corella
kalpizar@prensalibre.co.cr

Ricardo Toledo insistió en que la doble moral lleva a un abismo a la sociedad costarricense. Si un joven de 16 años acabó con dos vidas y casi la de su esposa, está claro que no se trató de un menor inocente e ingenuo que no sabía lo que hacía.

Los parámetros de la legislación costarricense abogan por proteger la identidad de los menores de edad sin importar si se trata de delincuentes reconocidos y con un amplio historial, como quienes irrumpieron violentamente en la vivienda de Toledo.

La organización no gubernamental Defensa de los Niños y las Niñas Internacional (DNI) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) llamaron la atención a LA PRENSA LIBRE por publicar la identidad del menor, quien supuestamente cobró la vida de la empleada del ex diputado, madre de siete niños, y protagonizó la traumática noche del 21 de marzo.

La posición asumida por ambas entidades causó indignación y molestia en Ricardo Toledo, quien manifestó que en Costa Rica existe una doble moral porque se defiende al delincuente detrás de su condición de menor de edad.

“Las nuevas teorías jurídicas adoptadas por nuestro país terminan con los valores y principios de la sociedad costarricense; qué se puede esperar cuando entidades cuya tarea debería centrarse en sacar adelante a la niñez abogan por que se mantenga en secreto la identidad de una persona que no lo pensó dos veces para acabar con la vida de dos personas y casi con la de mi esposa; todo eso solo porque tiene 16 años”.

El político socialcristiano explicó que deberían revisar las medidas adoptadas en países como Estados Unidos, donde la edad pasa a un segundo plano cuando la integridad de las demás personas está en juego. Como ejemplo citó la intensa promulgación que se le dio al costarricense Ronny Zamora como presunto homicida y nadie dijo nada.

Destacó que si de proteger la identidad se trata y “los derechos de los niños ante todo”, por qué no concentran esfuerzos en supervisar el trabajo infantil del cual muchos padres se benefician con la imagen de bebés y menores que no tienen noción de lo que hacen.

Toledo insistió en que ese tipo de situaciones ponen en manifiesto la doble moral costarricense e internacional. “Ese tipo de situaciones y promulgar nuevos marcos jurídicos disfrazados bajo la mampara de proteger a los infantes son un show montado para que ese tipo de organizaciones ganen plata, porque no se basan en elementos integrales sino que manejan las leyes a su conveniencia”, puntualizó el ex diputado.

Agregó que no sería de extrañar que los otros sectores de la sociedad aprovechen esa máscara jurídica para buscar nuevos espacios que les faciliten protección para ser partícipes en actos ilícitos.

A Toledo le sorprendió que el director del PANI, Mario Víquez, se prestara para ese juego de llamar la atención a LA PRENSA LIBRE por informar verazmente de los hechos, donde queriéndolo o no hay que reconocer que ese menor de edad actuó con plena conciencia de sus facultades, ya que nadie mejor que él vivió las consecuencias de la violencia, furia y frialdad con que actuaron los vándalos que asaltaron su vivienda y terminaron con la vida de dos personas.

“El director del PANI debería concentrar su tiempo y trabajo en que el PANI brinde opciones de rehabilitación y reinserción social a los niños de la calle o, supervisando y aplicando la ley contra los padres que explotan a sus hijos o lo que es peor, rescatando de las garras de los pedófilos a los infantes abandonados o que sufren de abuso sexual en sus propios hogares”; indicó el ex candidato presidencial.

Para ese momento, Toledo -con la voz quebrantada por el sentimiento y la frustración- recalcó que los especialistas jurídicos y responsables de aplicar el sistema penal costarricense deben entender que existen diferentes tipos de personas y delincuentes, y que en definitiva algunas de ellas -sin importar la edad- actúan como “psicópatas” y no tienen remedio.

Agregó que para ese tipo de delincuentes no se puede aplicar la ley como si fuera el caso del robo de un bicicleta entre dos niños; cuando todo el país fue testigo, y más él, de que fue un ajusticiamiento planificado y con toda la intención de acabar con todo lo que se moviera o representara un obstáculo para perpetuarlo.