Los matrimonios por poder

Pareciera que algunas veces lo fundamental es la Ley. En ese contexto, lo demás como que no interesa. Y quienes han hecho de este principio un esquema de vida suelen argumentar que la Ley es la base de todo. Paralelamente, suelen sacar la Ley para todo. Su tesis es que si la Ley no lo prohíbe, se puede hacer; o en contrario, si la Ley lo permite, entonces es correcto.

Así se han dado casos de casos, entre los cuáles se pueden recordar los robos de propiedades para su venta por parte de personas inescrupulosas. Allí, las autoridades judiciales interpretaron que si una persona compra un bien sin estar enterado de que fue mal habido, la situación no se revierte. Y se puede pensar que está bien que haya una solución para ese comprador que actuó de buena fe. Pero, ¿cuál es la solución para las otras víctimas de esa situación? El sistema no ha encontrado una propuesta decente en este ámbito.

Pasa lo mismo con muchos casos de delitos que ocurren en las propias narices de las autoridades, pero que solo pueden perseguirse si alguien interpone una denuncia. Es decir que la policía no puede actuar de oficio, aunque sus propios oficiales sean testigos de los hechos en cuestión. Es otra aberración de la legislación costarricense.

Y, ahora, está sobre el tapete un asunto que si bien no es nuevo, ha cobrado resonancia en los últimos años por la magnitud que está alcanzando: el matrimonio por poder.

De entrada, parece ilógico que una persona se case con otra a la que no ha visto en toda su vida, aunque ahora hay quienes pueden alegar que se conocieron por Internet, y que han mantenido ya una larga relación. Pero las leyes costarricenses lo admiten. Y no se toma en cuenta nada más que el supuesto consentimiento de las dos partes, establecido en un documento cuya autenticidad ninguna autoridad supervisa, pues los notarios tienen fe pública y se asume como cierto lo que dicen sus protocolos o los documentos que autentican.

Las leyes deberían responder a situaciones lógicas. Y este no es el caso. Todo surge por un principio consagrado en la legislación nacional que permite a los extranjeros casados con costarricenses optar por la residencia legal y, en un plazo relativamente corto, por la naturalización.

Esto se ha prestado para todo tipo de negociados, en los que simplemente se termina jugando con la condición de ciudadano de este país, lo cual no debería seguirse tolerando. Y se puede corregir de una manera tan sencilla como suprimiendo las normas referentes a esa posibilidad. Implícitamente, entonces, todos los que quieran optar a la residencia legal en el país, o a la naturalización, tendrían que cumplir una lista de requisitos, sin posibilidad de utilizar vías cortas.

Es curioso que pese a los reclamos de la Dirección General de Migración, el Poder Ejecutivo no haya introducido nada a este respecto en el proyecto de Ley de Migración. Al iniciarse la administración, se suspendió la puesta en vigencia de una normativa ya aprobada, alegando que requería ajustes. Pero este tema no fue considerado. Ahora que surge un proyecto de Ley en el seno de la Asamblea Legislativa, es obligación de los diputados resolver el punto sin dilaciones.