Descuidos peligrosos

Desde el inicio del curso lectivo 2007, cada semana hemos visto al menos un incidente en diversos centros educativos, donde los estudiantes se alzan en huelga para protestar un día sí y otro también, por diversos asuntos.

Nadie duda de que los estudiantes tienen derecho a protestar, como todos los otros costarricenses, a pesar de que un viejo principio legal establezca que los derechos ciudadanos no se pueden ejercer de manera plena sino hasta haber cumplido los 18 años.

Pero, dicho esto, es imperativo advertir que se puede estar gestando una peligrosa costumbre, derivada, eso sí, de unos descuidos más peligrosos aún, en que están incurriendo sistemáticamente los responsables de las entidades a cargo de los asuntos educativos. Y a esto hay que ponerle cuidado.

Los hechos que se han dado hasta ahora corresponden a diversos escenarios. De manera que es necesario diferenciarlos, para saber qué es importante y qué no lo es, o en qué tienen razón los estudiantes y en qué no.

Por ejemplo, nadie puede avalar actitudes como las que representaron en un cetro educativo que prácticamente fue sitiado por los alumnos, porque no estaban de acuerdo con el director. Los hechos que allí se registraron fueron de un corte claramente delictivo. Los estudiantes se justificaron en un argumento que no es válido desde ninguna perspectiva, cual era su supuesto derecho a escoger quién debía dirigir los destinos de la institución. Eso para nada es tema de su resorte.

Pero, al mismo tiempo, hemos visto casos en los cuales las protestas son por el ausentismo de algunos profesores. Este es tema delicado y, frente a él, los estudiantes tienen pleno derecho de hacerse oír. Porque, al mismo tiempo, están defendiendo su derecho a recibir la educación que la Constitución Política les garantiza a todos los costarricenses.

Lo que ocurrió apenas la semana pasada en el Colegio Superior de Señoritas es otro caso particular en que la razón está del lado de los estudiantes. O puede ser que un inmueble que tiene la doble particularidad de haber sido declarado Patrimonio Cultual y que alberga a una institución de la trayectoria del Señoritas esté en el estado de abandono en que se encuentra este.

La responsabilidad, claro está, no es solo del Ministerio de Educación Pública. Una buena parte le corresponde a las juntas administrativas de los centros educativos. Quienes se involucran en estas instancias deben asumir las responsabilidades como el compromiso del caso.

Es triste, por cierto, escuchar al ministro de Educación, Leonardo Garnier, advirtiendo que la mayoría de las juntas no tienen capacidad para invertir los recursos que les corresponden. Pero, al mismo tiempo, es comprensible, porque nadie les ha enseñado cómo sobrevivir en este mar de recursos legales en que hemos sumido al país.

Los ministerios de Educación y de Hacienda deberían desarrollar programas inmediatos dirigidos a corregir esas carencias, a fin de que se pueda cambiar el rumbo, y que los recursos sean invertidos de manera oportuna en la atención de las necesidades más apremiantes de los centros educativos.