La prensa y el Observatorio

Reinaldo Lewis P.

rlewis@prensalibre.co.cr

Hemos leído con atención los planteamientos de los señores miembros del Observatorio de la Libertad de Expresión, en atención a nuestra invitación a discutir sobre los alcances de la libertad de expresión y el rol de los medios de comunicación, así como el contexto planteado por ellos en una reciente gestión ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de cara al referéndum.

Pero, me llama la atención que, aunque comiencen diciendo que van a responder a mis inquietudes, en el fondo no lo hagan, sino que se limiten a explicar algunas interpretaciones respecto del documento que originalmente presentaron al Tribunal.

Aclaran que no piden una intervención del Estado sino que los medios, por decisión propia, adopten un acuerdo de informar con equilibrio sobre el referéndum.

Comencemos por recordar que allí no hacen referencia al punto 3 de sus recomendaciones al TSE: “considerar que, en último caso de interés o necesidad pública, relacionado con el referéndum, se pueda regular, de manera calificada y transitoria, el derecho a la libertad de empresa o de comercio, con el objeto específico de garantizar una igualdad amplia e irrestricta en el trato, si se estimare claramente lesionada”.

Aquí, no queda nada a la interpretación. Está tan claro como el agua limpia. Se está recomendando intervenir en la línea editorial de los medios de comunicación, si el Tribunal considera que no están haciendo bien su trabajo.

Pero ¿bajo qué criterios, y quiénes deben definir si se está actuando correctamente o no?
Y esto sea dicho recordando, también, la tercera interrogante que le hacen al Tribunal: “¿qué mecanismos adoptará el Tribunal para que todo habitante pueda, en plazo corto y efectivo, denunciar cualquier desequilibrio informativo posible de violentar su derecho a la veracidad y su derecho fundamental a la igualdad en la participación política?”.

Aquí, además, se vuelve sobre dos temas muy complejos: por un lado, se asume que la gente va a ser objetiva en la valoración del contenido de los medios en relación con el TLC. ¿Será, acaso, que ese público no tiene intereses con respecto al TLC que le puedan llevar a adoptar posiciones parcializadas en sus valoraciones?
Interesante es advertir que los medios se pueden parcializar, sin advertir que alguna gente se puede, también, parcializar en contra de determinados medios de comunicación.

Lo segundo es que la igualdad en la participación política nunca ha estado ni estará supeditada a los medios de comunicación. Todos pueden elegir y ser electos. Todos pueden pensar. Todos pueden opinar. Y esto no pasa, necesariamente, por su presencia en los medios de comunicación masiva. Son asuntos diferentes, que pueden llegar a ser complementarios, pero aún en ese caso seguirán siendo diferentes.

Por otro lado, hablan de “informar con equilibrio sobre el referéndum”. Pero todo parece indicar que lo que les interesa es el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Al menos si recordamos que el referéndum será sobre este asunto. De hecho, lo confirman al señalar que “para que el referéndum cumpla su finalidad, los costarricenses deberán ser informados sobre sus contenidos, sus alcances, sus efectos en la vida institucional, las razones que obligan al Estado a renunciar al monopolio de seguros y comunicaciones, sobre el uso de medicamentos genéricos por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social y sobre los eventuales roces con la Constitución Política”. Y agregan que el Tribunal debe asegurarse de que se dé un amplio proceso de discusión y análisis del TLC.

Es oportuna y necesaria esa discusión profunda. Pero no es responsabilidad de los medios de comunicación, que no pueden plantearse su labor como la de impulsar el “Sí” o, quizá, el “No”. Esto más bien le toca a los actores sociales interesados en alguna de esas posibilidades. Son ellos quienes deben tratar de convencer a los electores. Y son esos electores los que deben tratar de informarse en torno al contenido del TLC, para tomar su decisión.

Por más que los medios de comunicación cumplan una función pública, no se puede pretender que sustituyan a ninguno de los actores sociales. Desde esa perspectiva, no le corresponde a los medios realizar la campaña política previa al referéndum.

El otro asunto aquí -y muy importante- es que la posición del Observatorio al reclamar la vigilancia de la “veracidad” en las informaciones, parte del supuesto de que esto no se cumple. Y deja el tema en el ambiente, sin precisar casos concretos y situaciones específicas. Sobre esto, me parece, aún faltan aclaraciones, porque no se pueden lanzar dudas y dejarlas en el aire.

En el caso de LA PRENSA LIBRE, por ejemplo, donde el suscrito tiene entre sus funciones derivadas de su posición como subdirector, la coordinación de los espacios de opinión, es interesante observar cómo la cantidad de comentarios de opinión en contra del TLC que se han publicado supera por amplio margen a aquellos en respaldo de ese acuerdo. En número y en periodicidad. De hecho, entre los que han escrito en contra desde estas mismas páginas están los miembros del Observatorio Hilda Chen Apuy, Pablo Barahona Krüger, Gerardo Fumero Paniagua y Juan Manuel Villasuso.

Finalmente, los miembros del Observatorio deberían
poner atención sobre un tema fundamental: esa organización surge para vigilar la plena vigencia de la libertad de expresión. Desde esa perspectiva, debería, más bien, ocuparse de crear conciencia en la gente para que use de manera responsable ese derecho. Porque, un mal empleo de la libertad de expresión por parte de las personas puede llevar a los medios de comunicación a cometer serias “pifias” en su contenido informativo. Por ejemplo, cuando las fuentes le entregan a los periodistas datos falsos. En estos casos, los periodistas no necesariamente estaremos en posición de saberlo. Y, ¿qué pasa, entonces?
La defensa de la libertad de expresión, que sigo pensando es distinta a la libertad de prensa, comienza por cada persona. Y la obligación de emplear bien esa, como todas las otras libertades, también comienza por cada persona. Entonces, no señalen solo a los medios de comunicación y a los periodistas. Es lo más fácil de hacer. Pero no es lo correcto.

Cuando las fuentes dejen de mentir, de exagerar, y de distorsionar los hechos, por extensión los medios de comunicación estarán en posición de informar mejor. De eso, no me cabe la menor duda, como tampoco se puede dudar que cada ciudadano está obligado a informarse, y que la información no solo llega a través de los medios de comunicación colectiva.