Lejos de la politiquería

La decisión del Gobierno de involucrar a las municipalidades en los procesos de selección de beneficiarios de los programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) parece saludable. Pero se debe cuidar que no se caiga en los mismos vicios de siempre.

Llama poderosamente la atención que después de más de 30 años de existencia del IMAS, no se haya podido encontrar un mecanismo que esté por encima de las discusiones ideológico partidistas para encarar las responsabilidades de esa entidad.

De hecho, las últimas administraciones han tenido la particularidad de llegar siempre a cambiar los esquemas de selección de beneficiarios. A ello se suma también el hecho de que se cambien recurrentemente los patrones de asistencia, de manera que quienes hoy son susceptibles de ayuda pudieron no haberlo sido en la administración anterior ni en la trasanterior.

Este tipo de prácticas supone una alta probabilidad de errores, porque cuando a las cosas no se les da un tiempo prudencial para que funcionen, pueden terminar sin alcanzar los resultados deseables.

Ahora bien, la participación de las municipalidades, como ahora se pretende y se anuncia, supone riesgos en la misma dirección, porque a fin de cuentas son los políticos locales los que están al frente de esas corporaciones.

Es cierto que en las comunidades es donde se conocen mejor las necesidades. Pero también es cierto que las representaciones locales han sido ineficientes en la mayoría de las tareas que tienen a su cargo. Mucho de ello es más resultado de una falta de visión de comunidad y de una prevalencia de las luchas políticas sin sentido que otra cosa.

Cuando estos elementos se mezclan con las necesidades de la gente se pueden generar situaciones de muy difícil manejo. Allí está el reto central de las municipalidades en este nuevo marco.

Por supuesto que si los alcaldes y los concejales se aplican con un sentido de responsabilidad y de solidaridad muy claros, la nueva propuesta puede incluso forzar una coordinación entre las acciones locales y las que se puedan dar desde el IMAS u otras entidades a nivel del Poder Ejecutivo. Porque, por ejemplo en muchos casos, cuando se detectan familias en condiciones de pobreza o extrema pobreza su situación suele estar asociada también a una ausencia de condiciones mínimas elementales para el desarrollo humano. Esto es que este tipo de poblaciones generalmente se concentran en focos territoriales con servicios mínimos que no contribuyen a una vida digna. Si las municipalidades, más allá de seleccionar a los beneficiarios de los programas, llegan a desarrollar en paralelo mejoras en la infraestructura local, por definición el resultado de esa ecuación será mucho más provechoso.

La otra cosa es que las autoridades del IMAS deben tener cuidado de no limitarse a atender las propuestas de aquellas municipalidades controladas por el Partido Liberación Nacional, pues se trata de la asignación de fondos públicos que, por tanto, aportamos todos los costarricenses y que deben servir a los más necesitados, independientemente del color político que pueda estar en medio.