La moda de los secuestros

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se ha consolidado en nuestro país una nueva modalidad de lo que se ha dado en llamar “secuestro express”.

Y eso no es todo. Sin que se quiera decir en modo alguno que estos problemas solo deben sortearlos las personas adineradas, ahora las víctimas también pueden ser de cualquier nivel socioeconómico.

Los antisociales estudian a sus presas con un minucioso seguimiento, que les permite conocer los movimientos financieros que hacen, aunque los montos de esas transacciones sean menores.

Cuando se observan situaciones como estas, queda claro que la legislación penal requiere de profundos ajustes para adecuarse a los nuevos escenarios que se presentan.

En primer lugar, si la penalización se fija con base en el monto que se le quita a las víctimas, tenemos un serio problema porque ahora se dan más operaciones, pero no se va por todo el dinero en ninguna de ellas.

Lo otro es que sí se penaliza sobre la base de la magnitud del problema, pero sin tomar en cuenta el efecto psicológico que un secuestro puede tener sobre las víctimas y sus familiares, en realidad se está dejando de lado lo esencial del problema. Porque a fin de cuentas si el dinero se fue, se fue. Pero quedan las secuelas del secuestro, que por más que haya sido por poco tiempo, fue un secuestro.

El solo hecho de verse privado de libertad, con el firme temor de que si algo sale mal, los antisociales le pongan a la víctima una bala en la cabeza, es un trance complicado para cualquiera, máxime si es un menor de edad, como en el caso más reciente que se produjo en Heredia.

Es urgente que los Magistrados del Poder Judicial así como los diputados a la Asamblea Legislativa le pongan atención a esta situación y trabajen de lleno en la búsqueda de soluciones. Las reformas no pueden esperar y si bien una ley no va a evitar que quien quiera delinquir lo haga, una sanción muy fuerte puede desincentivar la comisión de algunos delitos.

Esa actualización debe estar basada en criterios de razonabilidad, pero no solo en función de los delincuentes, como suele ocurrir, sino -y sobre todo- en función de las víctimas. En ese sentido, las señales deben ser claras en cuanto a que la primera preocupación son las víctimas, aunque en este particular se reciban reclamos de parte de esas tantas organizaciones que con el tema de la lucha a favor de los derechos humanos como bandera, suelen olvidarse fácilmente de las víctimas, al concentrarse en los derechos de los victimarios.

Y lo otro es que, en los procesos judiciales, los funcionarios a cargo de cada una de las etapas deben ser más cuidadosos en sus interpretaciones y en el manejo de los elementos de prueba, a fin de que los juicios no sigan terminando con fallos basados en tecnicismos, sino más bien en el juzgamiento de las cuestiones de fondo.

Mientras no avancemos en estos aspectos, de poco valdrá que se sigan diseñando estrategias de apoyo a los usuarios del sistema judicial.