Fijando responsabilidades

Hemos visto en los últimos años un crecimiento desmedido de la participación de jóvenes en actos de violencia, como asaltos, robos y homicidios.

Como ya lo advertíamos ayer, la adopción de criterios de diferenciación por edad está influyendo sustancialmente en la proliferación del problema.

A esta situación es urgente ponerle coto. Nosotros seguimos insistiendo en que quienes tienen suficiente edad para delinquir, deben tener también suficiente edad para encarar las consecuencias de esos hechos. Desde esta perspectiva, no cabría que se le otorgue a nadie un beneficio en el sistema penal por ser menor de edad.

Pero hay otros elementos que vienen a complementar un planteamiento en ese sentido. Por ejemplo, si se quiere asumir que quienes no hayan llegado a la mayoría de edad no son responsables de sus actos, entonces alguien tiene que serlo. Desde la misma perspectiva legal serían los padres de familia.

Esto lleva a una disyuntiva, o se cobran los daños a los padres de los menores delincuentes o se les quita por ello la patria potestad, de modo que la asuma el Estado, y el Gobierno pueda, por tanto, decidir su futuro.

Una lógica como esta sería mucho más exigente para los padres de familia, que muchas veces ni siquiera se preocupan por lo que hacen sus hijos. Pero, más aún, abriría espacios para que se pueda sancionar —como corresponde— los delitos.

Hace muchos años, cuando comenzó a gestarse el problema de los llamados chapulines, LA PRENSA LIBRE lanzó una propuesta para que a esos delincuentes juveniles se les ubicara en la Isla del Coco, donde purgarían condenas de “cárcel”, aprovechando el tiempo, primero para aprender un oficio y luego para aplicarse en algún programa productivo.

En aquel momento, muchos se horrorizaron por la idea, pues afirmaban que era un castigo muy severo para los jóvenes que se introducían a la delincuencia. Después de todo, se decía, sus delitos apenas consistían en uno que otro carterazo.

Aquella justificación no era del todo válida, porque muchas personas perdieron la vida a manos de esos “chapulines” y otros sufrieron lesiones severas. El no haber atendido ese problema en su momento tiene hoy al país sumido en una escalada de violencia tal que no hay asalto sin homicidio. Hasta pareciera que la relación se invirtió, ahora se mata y, de paso, se roba.

Por ello, viene al caso rescatar la vieja propuesta de LA PRENSA LIBRE, pues ante el salvajismo que está caracterizando las acciones delictivas, se requieren, ahora sí, soluciones radicales. La Isla del Coco ofrece la enorme ventaja de que reduce el riesgo de fugas, y esto supondría una buena oportunidad para que se cumplan de manera efectiva las condenas. Lo otro es que ante el grado de violencia que estamos viendo, la separación de los delincuentes del resto de la sociedad debe ser total, y cuidado si no permanente. Porque, a como vamos, en poco tiempo nadie querrá ser policía ni testigo en los juicios, por temor a ser, paradójicamente, ajusticiado.