Asamblea mantiene en el olvido ley para la Libertad de Expresión

Karina Alpízar Corella
kalpizar@prensalibre.co.cr

Un marco jurídico que respalde la búsqueda y difusión informativa y de opinión, continúa siendo una tarea pendiente pese a que existe el documento. Todo responde al poco interés y voluntad de los legisladores en torno al proyecto Ley de Libertad de Expresión.

Hoy a nivel mundial se celebra el Día de la Libertad de Expresión, también hace seis años llegó a la Asamblea Legislativa la propuesta jurídica que busca ampliar los márgenes para la difusión de informaciones y comentarios de todos los ciudadanos y la participación de los medios informativos.

El planteamiento contempla una serie de reformas al Código Penal, Código de Procedimientos Penales, el Código de Trabajo y la Ley de Imprenta; pero el esfuerzo pareciera fue en vano; cuando han pasado tres gobiernos, todos prometieron impulsar la discusión del proyecto sin que a la fecha existan avances; convirtiéndose en “promesas de campaña”.

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) llama la atención de los legisladores para que asuman el verdadero compromiso con una causa como corresponde, que no se trata de hablar en forma abstracta en su favor, sino de pasar de las palabras a los hechos.

El Iplex lamenta la actitud de los presidentes, diputados y políticos, cuya actitud demuestra falta genuina de interés en la Libertad de Expresión, un derecho humano clave para todos los costarricenses.

Muestra de ello es que la Organización de Naciones Unidas (ONU) eligiera el 3 de mayo para celebrar en el hemisferio el Día de la Libertad de Expresión; pues el pensamiento y la comunicación es parte de los seres humanos; tanto así que la promoción de las ideas y propuestas pueden hacer grande a una nación o sumirla en un abismo.

El planteamiento jurídico compila una serie de parámetros no contemplados en las leyes costarricenses, por ejemplo liberar a los acusados de delitos contra el honor de la obligación de demostrar su inocencia, como se establece en la “prueba de la verdad”, y a trasladar la carga de la prueba a los acusadores, como ocurre en los demás procesos penales.

En ese sentido, se plantea además derogar el artículo 7 de la Ley de Imprenta, donde se establece la cárcel como sanción contra “delitos contra el honor” presuntamente cometidos por medio de la prensa.

Aunado a ello se plantea aumentar de cinco a diez días hábiles el tiempo para responder a las querellas por esos delitos.

También liberaría a los periodistas y ciudadanos de la responsabilidad por las manifestaciones de terceros que sean citados en las publicaciones sobre temas de interés público.

A ello se suma, el establecer la “cláusula de conciencia” para proteger a los periodistas frente a eventuales exigencias empresariales de actuar contra la ética profesional.

Así como obligar a los medios electrónicos guarden por dos semanas grabaciones de los programas informativos y de opinión, como garantía de prueba para posibles ofendidos. Además de otros planteamientos en pro de la Libertad de Expresión.

El Iplex espera que la administración Arias Sánchez y los nuevos miembros del Congreso no sean parte de los gobernantes desinteresados en la defensa de un derecho tan importante.