Rendición de cuentas

La Constitución Política obliga al presidente de la República a entregar, cada primero de mayo, un informe sobre la situación del país. Esta práctica, que es ya histórica, se basa en un principio de rendición de cuenta propio de aquellos sistemas políticos en que el Gobierno constituye tan solo una representación del pueblo.

Pero, en nuestro medio, pareciera que va perdiendo sentido, porque poco a poco se ha ido tornando en una enumeración de aspiraciones y deseos respecto del futuro del país, lo cual es muy distinto a lo que establece la Carta Magna.

La historia volvió a repetirse el martes pasado cuando el presidente Óscar Arias se presentó ante el Congreso con un amplio documento que, sin embargo, no resalta mayores logros y mucho menos se detiene en señalamientos concretos sobre la situación nacional.

De hecho, fueron pocas las líneas dedicadas a elementos que podrían considerarse dentro de un cuadro de situación general del país. De manera que no es posible entender, tan solo a partir de una lectura del documento, dónde nos encontramos en este momento.

Lo más grave de esta situación es que no es la primera vez que ocurre. Se repite año con año. Es más, en ocasiones, los mandatarios se han limitado a enumerar algunos logros de su administración.

Vean ustedes que Arias no precisó, por ejemplo, de cuánto es la deuda externa del país; o tal vez, el monto de la deuda interna, para llevar a lo que esto puede implicar para cada uno de los costarricenses. Tampoco nos dijo cuánto de la recaudación tributaria se va en pagar deudas por esos conceptos.

No nos dijo qué pasa con los grandes proyectos de infraestructura vial que el país espera desde hace casi tres décadas. Más bien, se limitó a mencionarlas, como si no hubiese ningún problema en torno al avance de unas obras que no inician.

Eso, solo para citar un par de casos. Sentimos que situaciones como estas -así, con ese nivel de precisión- son indispensables en un informe al país. La generalidades no llevan a ninguna parte, en tanto no ubican a nadie sobre el entorno en el que viven.

Esto, sin embargo, seguramente seguirá ocurriendo, porque una de las principales omisiones de la normativa costarricense es la falta de sanción para el presidente que desacate la obligación de entregar un informe al país. Y, al mismo tiempo, los diputados se han quitado la responsabilidad de exigir que los mandatarios cumplan con lo que dicta la Constitución.

En ese escenario, entonces, todo se queda en nada. Pese a la amplia difusión que se le da a los informes presidenciales, es un hecho que, al final, una gran mayoría de ciudadanos termina en el mismo punto de partida. Es decir: sin entender absolutamente nada sobre lo que está ocurriendo en el país.

Hemos llegado a un punto en que si se elimina la obligación de rendir este informe, la verdad es que nada cambiaría desde el punto de vista de la población. Porque, a fin de cuentas, casi nada de en esos informes se resumen en cuestiones concretas que puedan determinar alguna cosa en la vida de nadie, salvo quizá el propio presidente.