Piden al TSE controlar medios de comunicación

Esteban A. Mata Fonseca
emata@prensalibre.co.cr

Los especialistas en comunicación del Observatorio de Libertad de Expresión piden al TSE que siga una serie de recomendaciones para controlar que la información para el “Sí” y para el “No” al TLC antes del referéndum sea balanceada.

Esto según ellos, a fin de que se cumpla de manera efectiva con el derecho a la información, en el proceso previo al referéndum que definirá si Costa Rica ratifica o no el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC).

Los firmantes cuestionan al TSE sobre las acciones que emprenderá para asegurar “la difusión equitativa de la información sobre el Sí y sobre el No”.

Además de los mecanismos que adoptará el Tribunal para que los ciudadanos presenten denuncias sobre “cualquier desequilibrio informativo”.

Además, piden saber si el TSE “apremiará” a los medios de comunicación a publicar con oportunidad las listas de los financistas y si “escudriñará a fondo la documentación que presenten.

Consultado sobre el tema el abogado y periodista Luis Sáenz, quien es uno de los firmantes, señaló que las empresas periodísticas están en la obligación de facilitar información “adecuada y veraz”.

Dijo que al ser el TSE la máxima autoridad en materia electoral, es este a quien toca definir si la información está balanceada o no.

Sáenz comentó que sus observaciones las hacía a título personal, puesto que el Observatorio de Libertad de Expresión está conformado por 15 especialistas en comunicación.

De hecho, en la primera parte de la carta presentan una serie de fundamentos referentes al derecho a la información, estipulado según el documento en el párrafo quinto del artículo 46 de la Constitución Política.

Por su parte, el también abogado y periodista, Alberto Cañas (otro de los firmantes) dijo a LA PRENSA LIBRE que en lo tocante a la equidad informativa tanto para el “Sí” como para el ”No”, debía ser el Tribunal quien decidiera, y sugiriera a los medios las medidas a tomar para evitar desequilibrios.

El comunicador negó que existiera intromisión en la línea editorial de los medios de parte del TSE de hacer caso a la recomendación que le hacían, ya que se refieren a sugerencias.

Consultado sobre quién es la entidad que debería disponer qué información es veraz y objetiva, Cañas, con su tono característico dijo “Diay, la Virgen de los Ángeles o el embajador de Estados Unidos, ¡yo qué sé!”.

Resaltó eso sí, que queda en manos del TSE como máxima autoridad electoral, la fiscalización del balance de las informaciones, y en los directores y las administraciones de los medios de comunicación, el balance informativo que se haga.

Cañas insistió en que los medios de comunicación tienen la capacidad para, mediante la moral y la ética, equilibrar las informaciones.

Mientras que Sáez comentó que “prevalece el derecho de los individuos a información adecuada y veraz, sobre la libertad de empresa de las empresas periodísticas”.

Señalan que en Costa Rica hay gran cantidad de medios de comunicación, que van desde el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) hasta las páginas web de las instituciones y el Diario Oficial La Gaceta.

A esto apuntan que el potencial del aparato de comunicación y propaganda de dichos medios es “considerable y creciente, máxime al sumarse los presupuestos de publicidad”.

Apuntan a que en el último año el Estado, mediante sus diferentes instituciones, ha destinado cerca de $1,6 millones en publicidad para el Tratado.

Además resaltan que “por encima del régimen de propiedad de los órganos de comunicación, están las libertades fundamentales y los derechos constitucionales, como la libertad de conciencia; la libertad de expresión de pensamiento; la libre circulación de las ideas; la prohibición de la censura previa; el derecho a la información adecuada, verás y oportuna; la garantía del pluralismo y el respeto de la diversidad”.

Señalan que además, los medios de comunicación privada plantean en la carta cuestionamientos sobre el proceder del Tribunal en materia de equidad de las informaciones, arguyendo que al ser el máximo órgano en materia electoral tiene la potestad de decidir si las informaciones alrededor del referéndum y del tratado están parcializadas o no a favor o en contra del TLC.

La carta se cierra con una serie de recomendaciones al Tribunal de gran peso, que suponen por sí solas, un peso importante para los medios privados.

1. Disponer que los medios y recursos de comunicación de propiedad del Estado queden, por 90 días, bajo la supervisión del Tribunal, desde la convocatoria hasta la realización del referéndum, a fin de asegurar igualdad real en la difusión del “Sí” y del “No”, en publicidad, información, espacios de análisis y de opinión.

2. Proponer a los propietarios y directores de los medios de comunicación de propiedad particular que, por 90 días, establezcan y respeten un acuerdo cívico, depositado voluntariamente ante el Tribunal como garante de honor, que, sin afectar la libertad de prensa, asegure un trato de igualdad, cualitativa y cuantitativa, al “Sí” y al “No”, en la información, en los análisis y en los espacios de opinión.

3. Considerar que, en último caso de interés o de necesidad pública, relacionado con el referéndum, se pueda regular, de manera calificada y transitoria, el derecho a la libertad de empresa o de comercio, con el objeto específico de garantizar una igualdad amplia e irrestricta en el trato, si se estimare claramente lesionada.

Fuente: Carta del Observatorio de la Libertad de Expresión al TSE