Contradicciones por corregir

La contralora general de la República, Rocío Aguilar, elevó una consulta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para determinar de una vez por todas cuál es el alcance de la Ley Constitutiva del ente que encabeza frente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Las dudas surgen porque la Contraloría ordenó la separación de su cargo de un alcalde y, aunque esa acción la confirmó el TSE en su oportunidad, más tarde la magistratura electoral permitió que ese mismo alcalde se volviera a postular para el cargo, pese a que también el ente contralor lo había inhabilitado para ocupar otros cargos públicos.

Serán los magistrados de la Sala los que deban resolver el dilema. Lo tendrán que hacer sobre la base de la legalidad. Pero, de entrada, parece que es correcta la posición asumida por sus colegas del Tribunal, porque la Constitución Política permite que cualquier ciudadano costarricense sobre el que no pese una condena de parte de un juez de la República se postule para los puestos de elección popular.

Paradójicamente, la legislación permite a la Contraloría, sin ser juez, inhabilitar gente para cargos públicos por casos de faltas graves en su gestión. Esto no pasa por una gestión de tipo penal ante los Tribunales de Justicia.

Contradicciones como estas las encontramos a diario en la legislación costarricense y por ello en muchos casos se han llegado a paralizar procesos urgentes, a falta de una mecánica para avanzar.

Esto es lo que ocurre en torno a la firma de Alterra y su pretensión de negociar un addéndum al contrato de gestión interesada que mantiene con el Gobierno. Sucede que todo sigue en punto muerto, porque la empresa necesita finiquitar el addéndum para que los bancos le presten capital para realizar las obras que faltan en el proyecto, pero no puede ser firmado por el Gobierno porque Alterra no tiene los recursos para realizar las obras.

Parece un trabalenguas, pero es la realidad... Una realidad que nadie en este país se ha atrevido a corregir y que simplemente es resultado de la suma de ocurrencias que muchas veces han marcado la generación de leyes por parte de la Asamblea Legislativa. Los diputados suelen hacer leyes sin analizar el entorno, de manera que no saben si con una nueva norma están confrontando otra. Incluso, han llegado a incluir en las nuevas leyes una coletilla que se limita a establecer que “esta ley deroga cualquier otra norma que se le oponga”. Bajo esa premisa, todo queda a la interpretación. Y así, no se puede.

Hemos citado solo dos casos de esos que nos muestran todos los días que la legislación nacional requiere de una revisión integral. Mientras tanto, los diputados siguen en lo suyo, que muchas veces no es precisamente legislar. El país sigue entrabado por situaciones como estas, en las que si una parte actúa estará faltando a la ley, pero si es la otra la que actúa también estará faltando a la ley.

En ese escenario, es claro que no se puede hacer nada dentro de un marco de legalidad.