Inacción ante los fiascos

Lo que sucedió la noche del martes pasado en el estadio Alejandro Morera Soto, durante el partido que enfrentaba a la Liga Deportiva Alajuelense y al Municipal de Guatemala, es un hecho que debe llamarnos a todos a una seria reflexión sobre la forma en que estamos tomando los cosas en nuestro país.

Ya durante la pasada campaña que culminó con el referéndum en torno al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aquí en LA PRENSA LIBRE insistimos en llamar la atención sobre los niveles de intolerancia y de irrespeto que se estaban registrando, cada vez de manera más marcada.

Pero hemos recibido poco eco, porque para muchos simplemente se trata de un ejercicio de fuerza en que se deben imponer los criterios con una carga extrema de pasión, que no deja espacio para la razón.

Dentro de esa misma línea, hemos señalado que las barras bravas de los equipos de fútbol de primera división son un pésimo negocio para el deporte y para la sociedad. Pero, de nuevo, entre alguna gente sobran justificaciones en lugar de acciones correctivas que, por supuesto, exigen posiciones claras y directas.

Así, hemos escuchado en más de una ocasión que esas barras le dan sabor al fútbol y que llevan alegría a los estadios. Hasta hay quienes dicen que son una vía de escape para muchos de los que las integran.

Así, llegamos a lo del martes en Alajuela, donde se sumaron varios elementos dignos de análisis. En primer lugar, una dirigencia que no se toma en serio el tema de la seguridad en el marco de un evento masivo, como es un partido de fútbol. Contratan, entonces, un grupo de oficiales de seguridad que no tienen ni siquiera el concepto de manejo de situaciones conflictivas y que, por ende, no pudieron controlar la situación cuando inició. Pero también tenemos un grupo de aficionados “decentes”, que durante el bochorno simplemente aplaudían y reían con lo que estaba ocurriendo. Muchos necesitaron de varios minutos para caer en cuenta de que aquello era un desastre y nunca un motivo de risas.

Por supuesto, todo inicia con ese típico grupo de antisociales que se refugia detrás del uniforme de un equipo de fútbol para delinquir a vista y paciencia de todos los actores de una disciplina deportiva, y que nunca son alcanzados por el —curiosamente— corto brazo de la ley que opera en nuestro país.

Es también curioso que los propios dirigentes de la Liga en algún momento salieran a decir que se debe eliminar este tipo de incidentes del fútbol nacional. Decimos curioso, porque es un reto que tienen los mismos equipos, empezando precisamente por sus dirigentes. Pero no lo han encarado y luego se limitan a hacer proclamas de esa naturaleza. Así es muy fácil, cuando la culpa se le echa a otro, y la responsabilidad de corregir también.

Los dirigentes deben comenzar, de inmediato, un proceso para levantar listas de los aficionados revoltosos y no permitirles el ingreso a los estadios. Es el
único paso claro que puede ayudar a resolver este
problema. Quien ingrese a un escenario deportivo debe tener claro que lo hace o para practicar un deporte, o para disfrutar de ver a otros practicar ese deporte. No puede haber espacio para otras consideraciones.

Por otro lado, quienes protagonicen hechos como los del martes deberían ir a parar a la cárcel. Pero esta es otra de esas áreas en que, bajo una falsa premisa de respeto a los derechos humanos, dejamos que las cosas pasen sin castigo. Al final, exponemos a nuestros humildes policías a toda clase de maltratos y agresiones tratando de poner fin a grescas como las de ese día, sin que tengan verdaderos instrumentos legales que los respalden