Despiden seis funcionarios de La Reforma por colaborar con la fuga de ocho reclusos

• Tres miembros más de la Policía Penitenciaria fueron suspendidos por un mes sin goce de salario y 11 fueron exonerados de los cargos

Sylvia Núñez Chaves
snunez@prensalibre.co.cr
Foto: Mariano Ramírez

La ministra Laura Chinchilla anunció el despido de seis funcionarios de La Reforma por participar en la fuga de los ocho reos el año anterior.

Esto luego de que finalizara la investigación realizada por el Ministerio de Justicia en la que se constató que 20 de los empleados de la prisión se vieron involucrados en el sangriento escape en que falleció el oficial Marco Tulio Prado León.

La ministra de Justicia, Laura Chinchilla, informó que aparte de los seis funcionarios de la Policía Penitenciaria destituidos, se suspendió por un mes sin goce de salario a tres oficiales más, mientras que los 11 restantes fueron eximidos por no contar con elementos contundentes contra ellos.

Entre los oficiales despedidos están el Jefe de Seguridad del Centro Penal de ese día, el Supervisor del Ámbito C, los Inspectores de Seguridad a cargo de las Escuadras A y B del Ámbito C, el oficial de Guardia de la Escuadra A del Ámbito C y dos fortineros emplazados en distintos puntos de la ruta de escape.

Todos estos mantenía un expediente limpio y la mayoría tenía más de 20 años de laborar en el reclusorio.

“La Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia culmina esta investigación en el plazo de un año, cosa que no había sucedido en hechos anteriores de especial gravedad en un centro penitenciario. Este era un hecho que, por su gravedad, no podíamos nosotros darnos el lujo de quedase impune, pero además necesitábamos también que la investigación saliera lo más oportunamente posible”, explicó la ministra.

Chinchilla explicó que una vez presentado el expediente al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria y a la Dirección General de Adaptación Social, ambas instancias estuvieron de acuerdo con la separación de los funcionarios responsables.

“Habíamos tomados una medida desde el año pasado, que poco después de la fuga se reubicaran en otros centros, yo no los quería a todos juntos ahí, no solo porque la situación es delicada sino porque eso no ayudaba a la investigación. Ellos fueron reubicados en otros centros y ayer (martes) se les comunica la decisión y a partir de hoy (ayer) ya no están laborando. Tienen tres días para la apelación correspondiente. Algunos están siendo defendidos por el ANEP”, manifestó la jerarca.

La fuga estuvo protagonizada por Freddy García Jarquín, Johnny Rodríguez Moya, Alberto Martínez Hernández, conocido como “Celso”; Rafael Ángel Herrera Castro, alias “Rafa Loco”; Víctor Urbina Molina, Douglas Quirós Happer, Roberto Clark Torres y Guillermo Araya Ramírez.

Siete de los reclusos fueron detenidos semanas después y ahora se encuentran en Máxima Seguridad de La Reforma, mientras que García perdió la vida tras un enfrentamiento a tiros con la policía.

Para poder llevar a cabo el informe se tuvo que realizar varias entrevistas, audiencias, pruebas, recreaciones de los hechos y tomar la declaración de algunos testigos situación que llevó además de que varios personeros del ministerio fueran amenazados de muerte.

El día del suceso los ochos reos lograron salir de sus celdas tras limar con seguetas los barrotes de una ventana y una vez en el exterior tomaron como rehén a un oficial que vigilaba el sector, y quien se encontraba desarmado, pues tienen prohibido portar armas dentro de dicho espacio. Segundos más tarde tomaron a otro rehén, quien también estaría enterado del plan.

Según dijo Chinchilla ayer, estos mismos vigilantes serían parte los cómplices que tenía la banda dentro del centro penal.

Tranquilamente fueron pasando por varios recintos poniendo como escudo los custodios y cuando llegaron al portón principal fue cuando se encontraron con Marco Tulio Prado, el cual se opuso al escape y fue asesinado de un disparo en el pecho.

Los reclusos contaban con tres revólveres (calibre 38), dos granadas y 12 seguetas, herramientas que se presumen fueron pasadas a la cárcel con la colaboración de uno de los funcionarios despedidos.

La armas habrían sido ingresadas el mismo día de la fuga pues, según indicó un testigo, en horas de la mañana observó a un vigilante ingresar con una bolsa pesada y conversar minutos después con uno de los presos involucrados en el escape.

Otro recluso entrevistado
indicó que una de las armas fue lanzada desde afuera del penal y recogida por un vigilante.

“El hecho que las armas hayan ingresado el mismo día suena lógico, porque entre más tiempo más fácil de detectarlas. Pareciera que, por la forma en se dio, venía planeado desde mucho tiempo atrás; el hecho de haber pasado con facilidad por varios portones y haber escogido una vía tan visible. Algo que genera duda es por qué ciertos rehenes y no otros, que pudieron haber encontrado en el camino pero no, ellos escogen exactamente al rehén que quieren llevarse consigo. Todo esto da para pensar que no puede uno mantener la confianza con una serie de funcionarios de los que ahí estaban”, argumentó Laura Chinchilla.

La suma de dinero que recibió cada funcionario del Centro Penal no se pudo constatar, pero no se descarta que hayan sido sumas millonarias.

Por otra parte, la jerarca de Justicia aclaró que la esposa y la hija del vigilante muerto no han podido ser indemnizadas por un error de este, pero que se está haciendo todo lo posible para ayudar a esta familia.

“Con la familia yo me he involucrado personalmente, a ella (esposa) se le han pagado las prestaciones y con la póliza hubo un gran problema, es que él (Prado) no había señalado beneficiarios, cosa que es necesaria, entonces el INS no pudo proceder a pagar la póliza que correspondía por indemnización, por eso para resolver el tema fue necesario llevar esto a la vía judicial es decir, un juez tiene ahora que resolver quién el beneficiario directo”, explicó Chinchilla.

Como parte de las mejoras en materia de seguridad que se dieron a raíz de este suceso está la creación de 125 plazas policiales en este año, se aprobó el pago de disponibilidad para todos los vigilantes. También se invirtieron 200 millones de colones en escudos antimotines, cascos, guantes, chalecos antibalas, esposas, lámparas, detectores de metales, focos, entre otros.

A su vez se creó una unidad de inteligencia, una de supervisores y una de operaciones de riesgo para reforzar situaciones como la acontecida hace un año.

• Por falta de liderazgo y capacidad de reacción de varias de las personas que ocupaban cargos de jefatura.

• No utilizaron los teléfonos y radios para comunicar al resto de vigilantes lo que acontecía ni tampoco al resto de centros penales ni a la policía.

• Colaboraron con el ingreso de armas al penal.

• Incumplimiento de funciones y responsabilidades propias de cada cargo.

• Ausencia de capacidad de reacción en el desempeño de las funciones.

• Ausencia de directrices y planes de acción por parte de los jefes a cargo del centro ese día.

• Negligencia y omisión al momento de atender la crisis.