Empresa de buses demanda al Estado por más ¢10 mil millones

• Con base en la resolución del Tribunal Administrativo de Transporte, que comprueba irregularidades.

Karina Alpízar Corella
kalpizar@prensalibre.co.cr

Las unidades de la empresa Etransa están a la espera de que el CTP tome la decisión de reinstalarlos en la ruta 128.

La demanda la interpuso la empresa autobusera luego de que el CTP la sacara de brindar el servicio en dicha ruta, esto entre 2000 y 2005, cuando situaciones irregulares dentro del Consejo rodearon el proceso mediante el cual pierden la concesión y la entregan a otra empresa, en este caso Inversiones La Tapachula.

Los anteriores hechos fueron comprobados mediante la resolución TAT-1647-2007, del Tribunal Administrativo de Transporte (TAT), del pasado 12 de octubre. Allí se deja claro que existieron irregularidades y anularon los actos administrativos hechos por el CTP sobre la entrega de permisos de operación a la empresa La Tapachula y la salida de Etransa. Ahora el CTP debe acatar dicha resolución.

En su momento, LA PRENSA LIBRE consultó al abogado defensor de Etransa, Heriberto Miranda, sobre las pérdidas. Él explicó que existen daños morales, por ejemplo la devaluación de los 32 autobuses que permanecen en el plantel de Etransa, en Santa Ana, las consecuencias mecánicas y de carrocería de los automotores sin uso, expuestos al sol y la lluvia hace poco más de dos años, así como también la mancha en el expediente crediticio.

En cuanto a las pérdidas por dejar de percibir ingresos, el abogado explicó que operar en la ruta Santa Ana-San José y ramales generaba ingresos aproximados a ¢100 millones cada mes, de tal forma que al hacer los ajustes tarifarios aplicados a la fecha, esa cifra podría rondar los ¢150 millones mensualmente.

En una certificación hecha por un contador público anexa al expediente 07-000020-0163-CA del Contencioso Administrativo, se desglosa el cálculo de las pérdidas a febrero de 2007 desde 1999, y sobrepasan los ¢10 mil millones, pago que en una futura resolución se vería obligado el Estado a desembolsar a dicha empresa autobusera por haberla retirado de prestar el servicio de transporte de dicha ruta.

En cuanto al tema, LA PRENSA LIBRE consultó a Viviana Martín, presidenta del CTP, quien respondió que desde ya se está en una investigación sobre el tema de la ruta 128 y la resolución del TAT, que anula los procesos anteriores hechos por el Consejo.

En cuanto a la demanda millonaria a la que se expone contra el Estado por las irregularidades en este proceso, la funcionaria añadió que lo que menos se quiere es llegar a estas instancias, pero en dado caso serán respetuosos de los que establezcan.

Además, añadió que Etransa podría volver a brindar el servicio entre San José y Santa Ana, como resultado de lo que arroje la investigación que se realiza en torno a la resolución del TAT y sus consecuencias.

“Somos respetuosos de lo que indicó el Tribunal Administrativo de Transporte, y por esa razón un asesor externo nos indicará cuáles son las consecuencias de dicha resolución. Si nos indican que Etransa tiene que volver, se tomarán las medidas para que ellos hagan constar que se encuentran capacitados para asumir la línea”, expresó Martín.

De mañana en ocho días se verá en la Junta del CTP las consecuencias de la resolución del tribunal y de inmediato se tomarán acciones concretas, aseguró la representante del CTP, siempre y cuando resguarden el bienestar de los usuarios.

También está la posibilidad de que se arranque un proceso de licitación pública para seleccionar un operador que se haría cargo de la ruta. En este caso, también lo tiene que indicar los asesores externos del CTP.

Los representantes legales de empresa le solicitaron mediante un escrito dirigido al CTP que restaure a Etransa en la ruta 128. Lo anterior con base en la misma resolución del TAT.

La resolución del tribunal declaró absolutamente nulos los acuerdos adoptados por la junta del CTP, en las sesiones ordinarias 18-2005 y 36-2005, del 10 marzo y 19 mayo de 2005 respectivamente, además de la nulidad de todos los actos administrativos distados posteriormente y que tengan relación directa.

En ese escrito, los empresarios le hacen saber al CTP que se encuentran en las condiciones óptimas para asumir de nuevo la ruta, incluso que tienen la garantía de cumplimiento al día.

“Pedimos prorrogar la concesión a la Empresa de Transportes Santa Ana por haber demostrado que en tiempo y forma presentó el Plan de Evaluación de su Capacidad Empresarial, que lo aprobó con una calificación de 85 y que antes de que venciera dicha concesión solicitó su prórroga, manteniendo al día de hoy vigente su garantía de cumplimiento”, afirma el documento en poder de LA PRENSA LIBRE.

Roberto Arguedas, viceministro de Transportes durante la administración pasada, vio muy de cerca el proceso que medió para la entrega de permisos para la ruta entre Santa Ana y San José, y comparte la resolución del Tribunal Administrativo de Transporte (TAT), pues indica que se comprueban las razones por las cuales se alejó de las votaciones del CTP.

El TAT declaró nulos varios acuerdos por los cuales la empresa Inversiones La Tapachula ingresó como concesionaria de la ruta 128 y añadió que no existía respaldo técnico para esa decisión del CTP, durante 2005.

También agregó que cuando se entrega el permiso de la ruta 128 hubo una votación irregular entre los miembros del CTP donde no se justificaba por qué Arguedas se separaba del voto. De tomos modos, con los integrantes restantes se le concede el permiso a La Tapachula.

Arguedas salió en su defensa y explicó a LA PRENSA LIBRE que él se separó de las votaciones en este caso, pues cuando se elige a la empresa La Tapachula no existía ningún respaldo técnico legal para que entrara. “Comparto esto porque se comprueba que yo tenía las razones para separarme de la votación y, aunque sean años después, la justicia se hace y sale a la luz pública”, añadió Arguedas.

Además, expresó que en su momento él vio que esta empresa y ninguna de las participaron en ese momento tenían un respaldo técnico para asumir la ruta 128.

Sin embargo, dejó claro que no compartía que en dicha resolución se diga que su persona no tomó posición ni por la mayoría ni por la minoría durante la sección 18-2005. En este caso, asegura que no se hace un análisis del porqué se separaba de dicha resolución.

“A este momento respeto el ordenamiento, pero una vez más se denota la honorabilidad que tiene el Tribunal Administrativo de Transporte. Algo que se debe mejorar es que los procesos se resuelvan más rápido en beneficio de los mismos empresarios”, expresó Arguedas.