Dinero, policías y amenazas

La semana pasada, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Jorge Rojas, convocó a una conferencia de prensa para expresar su malestar ante el hecho de que a esa entidad no le hayan aprobado el presupuesto que él estima conveniente, para el próximo año.

La queja tiene pleno fundamento, porque los cuerpos policiales necesitan ponerse al día en capacitación, en equipamiento y en número para enfrentar los niveles de delincuencia que se presentan en la actualidad en nuestro país.

Y, desgraciadamente, muchas veces esta no es una prioridad para los políticos, que suelen pensar que es mejor desarrollar programas asistenciales en el terreno social, porque de esa manera se comprometen votos para elecciones subsiguientes.

Pero, el señor Rojas echa a perder todo lo bueno que intenta hacer cuando advierte que si no le mejoran el presupuesto al OIJ, se acogerá a su pensión y se irá a descansar, desentendiéndose como muchos otros del problema.

Es obvio que si reúne los requisitos para pensionarse, está en su derecho de irse cuando lo estime conveniente. Pero se ve muy mal eso de que un oficial de su rango salga a los medios a decir algo así como: o me dan lo que pido, o me voy para mi casa.

Todo ello, además, es una pésima señal frente a los delincuentes que ya de por sí sienten que tienen el control de la situación en el país.

Y, para hacerle segunda, pero quizá agobiado por el asesinato de dos policías de la Fuerza Pública en los últimos días, el ministro de Seguridad Pública sale a decir que necesita de algún tipo de legislación de emergencia para equipar a los cuerpos policiales.

Esa es nada más y nada menos que una confesión de que no se tiene control de la situación. Y no es una situación lógica en el contexto actual.

A todo esto hay que sumarle algo que hemos venido planteando en LA PRENSA LIBRE desde hace mucho tiempo: la legislación penal no está acorde con las necesidades actuales del país.

Hoy día, los antisociales tienen la gran ventaja de que cuentan con innumerables tecnicismos que les permiten seguir sin castigo, pese a sus acciones delictivas. Cada vez menos las leyes costarricenses se orientan a la búsqueda de la justicia para las víctimas y se ocupan más de la justicia para los victimarios, generando algo que ahora es más que una simple sensación de impunidad en el país.

Es, obviamente, un tema muy delicado, al que las autoridades no le están poniendo la atención debida. Cada vez son más los sospechosos que salen libres después de los juicios, y muchas veces esto no ocurre porque se haya probado su inocencia, sino porque algo no se hizo bien en el camino.

Lo acabamos de ver en el juicio que se siguió, precisamente, a un grupo acusado de dar muerte a un policía en Limón.

Son carencias de un sistema que se ha quedado corto ante la realidad actual, y que no está, por tanto, satisfaciendo las necesidades de una población sedienta de esa sensación de seguridad que ya no existe en las calles y ni siquiera en las casas.