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>>OPINIÓNSan José, Costa Rica, Viernes 22 de agosto de 2008, 07:54:31.


Editorial

Ante la violencia

Por estos días ha comenzado una campaña destinada a hacer conciencia sobre las consecuencias de la violencia, con el objetivo de revertir el creciente problema que vive el país en ese ámbito.

Es producto de una iniciativa del Ministerio de Justicia y Gracia, como factor de continuidad y complemento de otra campaña que lanzaron hace algunos meses las organizaciones de víctimas de la violencia en el país.

La campaña ha sido planteada como una excelente oportunidad para que las organizaciones del sector privado coadyuven en la gestación de ideas para reducir los niveles de violencia. Además, se ha incorporado un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se ha conseguido el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.

Los primeros mensajes ya se han comenzado a difundir a nivel de radio, televisión y prensa escrita, y se basan, mayormente, en apelaciones de diferente corte, destinados a tocar la sensibilidad de aquellos que practican la violencia, o de otros que ante ella muestran indiferencia.

En LA PRENSA LIBRE nos hemos sumado a la campaña. Consideramos que puede ayudar a cambiar la perspectiva con la que una amplia gama de costarricenses observa el problema.

Y somos partidarios de la idea de que la lucha contra la violencia no es una tarea exclusiva del Gobierno. Por ende, debe haber una acción clara, en la medida de las posibilidades, por parte de cada uno de los actores de la sociedad costarricense.

Y, a la par de esas acciones preventivas, creemos oportuno que se revisen las acciones represivas. Porque, si bien puede ser cierto que en algunos casos la persona violenta no se corrige con cárcel, en buena lógica mientras esté tras las rejas se reduce su potencial de hacer daño.

Más allá de este apunte, es claro también que si persisten los actuales niveles de impunidad, poco se podrá avanzar en el terreno preventivo, porque una buena parte de los agresores se sentirá protegido por un sistema hecho a su medida, que hace prevalecer sus derechos por encima de los de sus víctimas.

En este terreno tienen mucho que hacer nuestros jueces, porque cada vez más, vemos resoluciones y fallos de las instancias judiciales que se convierten en verdaderos espaldarazos a los delincuentes. Y no necesariamente porque así lo quieran plantear los jueces. Pero ya en este punto, eso pasa a ser un asunto secundario, pues los delincuentes regresan a las calles a consecuencia de esas decisiones.

Reiteramos que hace falta una interpretación menos extendida de las leyes, en algunos casos, mientras que en otros, debe ser a la inversa. Lo decimos entendiendo que hay quienes critican el que los jueces interpreten.

Pero es que es una tarea inherente a sus funciones. En todo caso, hemos visto cómo muchas veces sí interpretan, pero en favor de los victimarios y no de las víctimas.

Es cierto que la ley establece que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero, a veces, para nuestros jueces ni siquiera alcanza con demostrar lo contrario. Y entonces, se termina construyendo un sistema que llega a privilegiar a los agresores, en perjuicio del resto de la sociedad.





 



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