Falta una mayor presión

En Costa Rica hay una inmensa cantidad de leyes. En eso, el Estado ha trabajado de manera sólida, y casi siempre, en forma oportuna. Pero, curiosamente, se ha hecho poco para garantizar la plena aplicación de esas leyes.

El problema comienza porque se suele no fijar sanciones para las instituciones y los funcionarios que incumplan su responsabilidad de hacer prevalecer las leyes. Y allí se abre los portillos para que, al final, todo termine en nada.

La materia de tránsito es un ejemplo claro de este problema. La Dirección General de la Policía de Tránsito nunca ha tenido un presupuesto que permita cumplir las obligaciones que la ley le asigna. Y no ha sido asunto prioritario para ninguna administración.

En ese tanto, entonces, los conductores suelen incumplir las normas mínimas referidas al mantenimiento de sus vehículos, porque saben que es muy difícil que se les sancione. Los pocos oficiales de Tránsito que salen a las calles, por lo general se ocupan tan solo de las tareas asignadas circunstancialmente, de manera que si se trata de un operativo de control de velocidad, detienen solo a los que sobrepasan los límites establecidos, y si se trata de control de licencias, no aprovechan para verificar la documentación de los vehículos.

Si ese concepto tan limitado no cambia, llegaremos a un punto en que la situación se saldrá de las manos de las autoridades, y el país no tendrá ya respuestas ante las consecuencias que eso acarreará.

El tema, que siempre tiene vigencia, vuelve a la mesa a raíz del accidente que se registró en Aguas Zarcas, San Carlos, el fin de semana, y que sumió en el dolor a cinco familias que perdieron alguno de sus integrantes, luego de que un camión se quedó sin frenos y perdió su carga en un recorrido de muerte.

Los accidentes pueden ocurrir. Nadie puede dudar de ello. Pero es necesario insistir en que muchas veces son producto de situaciones inducidas por personas irresponsables, lo cual les quita ese perfil accidental.

Y allí es donde la respuesta de las autoridades no es satisfactoria. Se crea un sistema de revisión técnica, con todo y la polémica alrededor del monopolio que se constituyó para ello. Pero no se establecieron los mecanismos reales para sancionar a quienes incumplan con la revisión. Nótese que el camión involucrado en el accidente del fin de semana, tenía la revisión vencida.

Se introduce la práctica de suspender la licencia a los conductores que incurren en faltas a la legislación de tránsito, pero no se establecen los mecanismos para que esa suspensión sea efectiva.

En esas circunstancias, la legislación se comienza a convertir en una especie de farsa, porque no tiene aplicación práctica. Está claro que si cada ciudadano estuviese dispuesto a cumplir las leyes, el asunto sería más sencillo. Pero cuando no es así, el Estado no tiene respuestas. Y todo se queda en el papel. Así, no se va a llegar a ninguna parte. La única forma, entonces, es hacer la inversión necesaria para contar con suficientes recursos humanos y materiales para imponer respeto a las leyes.