Deficiencias llevan a algunas entidades a cuidados intensivos

Karina Alpízar Corella
kalpizar@prensalibre.co.cr

La contralora general de la República, Rocío Aguilar, mantiene en la mira un grupo de entidades donde urgen acciones drásticas para no dar al traste con su verdadera razón de ser.

La contralora general, Rocío Aguilar, considera que esos casos requieren la toma de decisiones más allá de lo que pueda hacer el ente contralor. Para Aguilar son varias las instituciones, la lista empieza por el Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca), la cual ni siquiera tiene los ingresos para cumplir con las obligaciones que tiene y además, no los tiene porque ella misma se debe fijar las tarifas y no las aumenta porque tiene a los pescadores.

“No hay forma de que salga adelante. Vea el tema del aleteo de tiburón cómo es posible que simplemente incumpla con los propios pronunciamientos de la Procuraduría en la materia y que se trate, todavía a éstas alturas, de revertir las acciones en esa materia”, comentó al respecto.

Aguilar considera que la Contraloría debió ser igual de drástica con la situación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), como lo fue en su decisión con el caso del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), porque se pierden los años y el tiempo.

“El Invu es una institución que tiene que reinventarse porque teníamos una institución que teníamos para cumplir funciones que con los años las fueron abordando otras instituciones y dejamos la misma capacidad ahí.

“Cuando existe una altísima necesidad de temas, como por ejemplo los planes reguladores, donde podría cumplir un rol importantísimo, es una institución a la que se le dice que defina la estrategia para salir del hueco donde está y qué hace, busca una consultoría para que le diga. Si una institución no tiene la capacidad para saber qué es lo que tiene que hacer, estamos mal”.

LA PRENSA LIBRE preguntó si los continuos llamados de atención al INVU y sus jerarcas han emprendido acciones que por lo menos, demuestren a la Contraloría la intención de un cambio por parte de la entidad. “Tal vez no esté percibiendo cosas que están haciendo pero, por lo menos no han sido tangibles o palpables, para nosotros de momento”; acotó.

La Junta de Desarrollo de la Zona Sur (Judesur) también aparece en la lista de entidades en la mira de la Contraloría, sobre ese caso Rocío Aguilar cuestionó el hecho de que la institución tiene los recursos para generar un impacto positivo en el desarrollo en esa región del país y no lo logra hacer.

Precisamente en el primer trimestre de 2008, el ente fiscalizador emitió un informe drástico advirtiendo, incluso, al Poder Ejecutivo evaluar las deficiencias de Judesur en aras de definir si se reestructuraba, se transformaba como entidad o remitía al Congreso un proyecto de ley con las reformas a la jurisdicción de ese órgano para redefinir sus parámetros de acción.

En ese momento, en Consejo de Gobierno se integró una Comisión con el Ministro de Agricultura, Javier Flores, y el ex rector social, Fernando Zumbado; meses después, específicamente en setiembre, LA PRENSA LIBRE consultó a Flores sobre los resultados del informe y para ese momento no tenían ninguna respuesta. Situación que a la fecha no ha variado, según confirmó la misma Contralora General.

“Son los casos donde uno dice: bueno ya hagamos algo. Aquí no se trata de decir que Judesur no es importante, todo lo contrario; pero no está cumpliendo su función u objetivos, no sabemos si es un problema de la capacidad, de un marco jurídico muy pobre o a qué responde”; puntualizó Rocío Aguilar al analizar la crítica situación de Judesur.

La Contralora General sumó a la lista crítica de entidades la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), cuestionó que en materia de contratación administrativa cuando tiene que atender emergencias no tiene que cumplir con una serie de trámites, por ello no se explica cómo registra un nivel importante de superávit e incluso un rezago en la atención a algunas comunidades y sectores del país.

También consideró un caso de cuidados intensivos el tema de infraestructura educativa. “¿Hay recursos? Claro que hay recursos, es un problema de cómo ir adelante con el desarrollo de esa infraestructura, la pregunta es si es el modelo de 3 mil o 5 mil Juntas de Educación con eso en manos o la solución que el país requiere hoy”; enfatizó.

En relación con ese caso, Aguilar indicó que el ente contralor incluso está planteando algunos cambios para ver si se da un salto importante en esa materia, donde tanto estudiantes, como el sistema educativo ganen eficiencia y calidad.

Otro de los temas que preocupan a la Contraloría es que cada vez son más las instituciones que se salen de la ley de la administración financiera, Rocío Aguilar asegura que la solución no está en salirse de esa normativa, sino analizar sí hay un tema que no está siendo lo suficientemente importante o más bien se convierte en un obstáculo y plantear los ajustes pertinentes.

“Todo el esfuerzo que hizo el país por modernizar la administración financiera de los presupuestos públicos puede ir al traste porque los empezamos a desaplicar; incluso la materia sancionatoria. La ley de Administración Financiera lo que tiene es una serie de principios básicos para una buena administración”; puntualizó la jerarca de la Contraloría.

La contralora general, Rocío Aguilar, tiene una lista de entes que a su parecer urgen de atención inmediata para no morir.

* Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca)
* Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
* Junta de Desarrollo de la Zona Sur (Judesur)
* Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
* Comisión Nacional de Emergencias (CNE)

“Existen instituciones cuyos casos llamo yo ‘en cuidados intensivos’, porque requieren la toma de decisiones más allá de lo que pueda hacer la Contraloría por ellos”. Contralora general de la República, Rocío Aguilar.