Excesos y pedidos de perdón

Primero fue Carlos Avendaño. Luego Martha Zamora. Después Juan José Vargas. Siguió Federico Vargas.

Tienen en común haber sido diputados de la Asamblea Legislativa durante la administración anterior. También de haber participado, de una u otra manera, en el proceso que llevó adelante el Congreso para destituir del puesto de contralor general de la República a Alex Solís.

Si bien aún hoy el trasfondo de la situación no es claro, pues no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las motivaciones que determinaron las acciones de los diputados, lo cierto es que esto ha dejado una estela de dudas en torno a la forma en que se ejerce esa responsabilidad de control político en el Primer Poder de la República.

Muchas veces hemos apuntado casos en que la ligereza ha caracterizado a los legisladores. Todo parece indicar que este ha sido otro caso, pues ahora varios de los principales involucrados comienzan a desdecirse de lo que hace tres años apuntaban con absoluta determinación en el Congreso.

Hace varios años ya el tema de la responsabilidad en las labores de control político había saltado al tapete, cuando una comisión especial de la Asamblea condenó a un ex presidente de la República. En esa misma oportunidad, se plantearon castigos contra varias personas que no habían sido objeto de procesos judiciales. De manera que no es una discusión nueva.

En los últimos años se ha intensificado esa tendencia a establecer comisiones especiales investigadoras y hasta se han llevado procesos en paralelo con los tribunales de justicia, cosa que tampoco es saludable, aunque quienes lo promueven han defendido el criterio de que son dos escenarios que no se encuentran, por lo que se excluyen.

Las investigaciones deben llevarse a cabo en aquellos casos en que la situación lo amerita. Si se toma la decisión, los diputados deben encarar el proceso con mucha responsabilidad. Porque al país no le sirven escenarios como los que se presentan hoy en torno al caso de Solís Fallas.

De hecho, cuando se toman decisiones como la que afectó al ex contralor, se pone en entredicho al Estado y, al final, las finanzas públicas terminan sufriendo, en perjuicio de todos. Esto no es aceptable, si se trata de actuaciones de unas cuantas personas. Tampoco es aceptable que esas personas no arriesguen nada. Porque hemos visto en tiempos pasados cómo diputados que han incurrido en prácticas similares terminan volviendo a presentar su nombre en las famosas listas de partido en unas elecciones, y regresan como si nada al Congreso. Ahora estamos ante la posibilidad de que esa trama se repita.

Pese a que el problema surge en la misma Asamblea Legislativa, esta debería definir reglas más claras en torno a la actuación de los diputados, de manera que si arrastran a algún funcionario público con decisiones irresponsables y sin fundamento, tengan algún tipo de castigo.

Es de esperar que ante el panorama que se ha
presentado, los actuales diputados se tomen con
verdadera responsabilidad una investigación que han iniciado en torno a un supuesto incumplimiento de deberes de la defensora de los Habitantes, Lizbeth Quesada.