De acomodos y contradicciones

El gerente de Fiscalización de la Contraloría General de la República, Walter Ramírez, sale al paso del editorial de LA PRENSA LIBRE del pasado 7 de febrero, en el que se acusó a la entidad a la que pertenece de haberse acomodado a los intereses del ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Fernando Zumbado.

Dice que “es necesario aclarar que si bien nuestras disposiciones son vinculantes y los plazos otorgados para su cumplimiento razonables, es posible que las instituciones enfrenten circunstancias y hechos que obligan al replanteamiento de estos plazos para mantener la viabilidad en el cumplimiento de las disposiciones”.

Esto no es ni más ni menos que acomodarse, aunque el señor Ramírez insista en decir lo contrario. Lo que ha determinado la Contraloría es ignorar su propia exigencia de que se cumpla la ley. Dicho de otro modo, se ha decidido tolerar la ilegalidad.

Y peor aún, esa ilegalidad viene dándose desde hace más de 20 años sin que se haya hecho nada por evitarlo. Esto tiene que ver con el hecho de que se haya establecido, de facto, el Ministerio de Vivienda, sin cumplir con los requerimientos legales establecidos. Es una dependencia que no ha sido creada por ley específica, como corresponde, sino que se comenzaron a destinar partidas presupuestarias al Ministerio gracias a una norma atípica de aquellas que siempre aparecían en los presupuestos públicos.

Y ante la situación, el señor Ramírez advierte que ya existe un proyecto de ley en fase final de revisión, por parte del Ministerio. Eso, es cierto. Pero también lo es el hecho de que en la actualidad hay un incumplimiento. Y ese incumplimiento no se subsana con el proyecto de ley, porque este tendrá que ser sometido a la Asamblea Legislativa.

Allí, las historias de lentitud y retraso son harto conocidas. Hay que tomar nota de que, por ejemplo, la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres se llevó casi seis años en el Congreso y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos lleva poco más de dos, sin contar el tiempo en que el Gobierno se lo guardó en una gaveta esperando la llamada “viabilidad política”. Por esta misma razón, la actual administración solo ha presentado a la Asamblea Legislativa dos proyectos en materia de reforma fiscal, de los cuales solo uno ha sido aprobado.

El punto es que si el incumplimiento a la ley se solventara con un proyecto de ley, la decisión de la Contraloría estaría bien. Pero eso no es así. Es como si después de que alguien roba, se presenta un proyecto de ley para que el robo ya no sea delito y se pretenda que los tribunales exoneren a ese acusado. Esto no tiene sentido.

Y no se trata de personas. No. Es que de una vez por todas debemos dar el paso en este país para terminar con esa vieja práctica de hacer leyes e incumplirlas sin que nada pase.

De hecho, una buena salida para este problema puede ser que se deje, por ley, al Presidente de la República estructurar el Ejecutivo como mejor lo considere, en función de las prioridades de su Gobierno. Así no harían falta leyes que no se consolidan, ni señalamientos de incumplimientos, ni cambios de criterio con respecto a los incumplimientos.