Nueva reforma a derechos de autor amplía marco de acciones judiciales

• Modifica tres leyes vigentes en el país, da potestad a jueces para solicitar información privada y protege a firmas de farmacéuticos y agroquímicos y sustenta el trato nacional en la materia

Esteban A. Mata Fonseca
emata@prensalibre.co.cr

La reforma a varias leyes sobre propiedad intelectual implica una marco más amplio de protección a los derechos de autor, incluidos los fonogramas.

Esta situación amplía sustantivamente el marco de acción judicial de quienes aplican e imparten la ley.

Junto con la clarificación de conceptos y alcances, también se establece la potestad de los jueces en procesos judiciales para que exijan pruebas a las partes acusadas.

El plan de ley abarca de forma amplia, reformas a legislación ya aprobada y que está en vías de modificación en el Congreso.

Se reforma sustantivamente la ley de Derechos de Autor y derechos Conexos; la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y la Ley de Información no Divulgada.

La iniciativa procura aclaraciones de conceptos en lo que se refiere a la propiedad intelectual, para poner la legislación nacional a tono con los acuerdos internacionales suscritos en el país.

A esto se le suman extensiones de los alcances de la materia de propiedad intelectual y en información no divulgada, para el caso de las empresas que trabajan con datos de prueba para medicamentos y agroquímicos.

El proyecto presentado por el Ejecutivo contiene modificaciones significativas en cuanto a la ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Autor, en el tanto otorga potestades que hacen que para su aprobación, el plan de ley necesite el visto bueno de 38 diputados.

Esto se da en la modificación al artículo 39 de la ley, en vista de que la propuesta señala que “adicionalmente, el juez (en una causa abierta) podrá ordenar al presunto infractor que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción”.

La propuesta en este punto toca materia constitucional regulada en los artículo 24 y 36 de la constitución Política, por lo que para su aprobación requiere 38 votos.

En materia de propiedad intelectual la propuesta de ley, largamente esperada en el Congreso, modifica 35 artículos de la ley de Derechos de Autor.

Se especifican los puntos de alcance de “obras literarias y artísticas”, incluyendo una lista detallada de lo que debe entenderse en este aspecto, incluidos hasta los sermones y las pantomimas.

Asimismo, se especifica que la ley de derechos de autor protege las obras “interpretaciones o fonogramas de autores, artistas, interpretes o ejecutantes y productores de fonogramas costarricenses, domiciliados o no en el territorio nacional”.

La reforma protege a los extranjeros dándoles el mismo trato, estén domiciliados o no en el país.

“Las obras de autores, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y otros titulares de derechos extranjeros, domiciliados o no en Costa Rica, gozarán de una protección no menos favorable que la otorgada a costarricenses, incluyendo cualquier beneficio que se derive de tal protección”, reza el proyecto de ley.

Además, se clarifican los conceptos de obra individual, obra anónima, obra póstuma, obra originaria, obra derivada y obra colectiva, entre otros términos de relevancia en la materia, como editor, reproducción fraudulenta y productor cinematográfico, reproducción, publicación, registro y programa de cómputo, entre otras.

A esto se suma el tema de radiodifusión, como la transmisión inalámbrica de imágenes y sonidos, o de la representación de estos, y el de obra cinematográfica, contemplada como una obra audiovisual.

Junto con las definiciones se incluye un detalle de situaciones licitas e ilícitas en las que se aclara cuando está dentro de la ley usar una obra y cuando no, situación que clarifica los casos en que se utilicen obras para fines educativos, tanto de obras musicales, como literarias o pictóricas.

Esteban A. Mata Fonseca
emata@prensalibre.co.cr

La tramitación del proyecto de reforma a las leyes de propiedad intelectual presentado por el Poder Ejecutivo como el último proyecto de implementación del TLC con Estados Unidos se estaría tramitando en una comisión especial con plazo.

Así lo externaron los jefes de fracción de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Movimiento Libertario (ML).

Mayi Antillón, jefa de los verdiblancos, comentó que prefiere enviar el proyecto a una comisión especial, en vista de que lo importante es el plazo que se le daría.

Esta situación facilitaría que la iniciativa estuviese únicamente un mes en comisión. La diputada dijo que no había seguridad sobre el tipo de discusión por aplicar, y que esto se verá en su momento.

Sin embargo, ahora que está presentado el proyecto de ley, los legisladores inician el estudio del proyecto y se esperaría que en poco tiempo esté definido el tema de qué tipo de comisión estudiaría la propuesta.

La jefa de fracción del PUSC, Lorena Vásquez, comentó que si la fracción de Acción Ciudadana facilita la discusión, no sería necesario ni aplicar una vía rápida, ni enviar el proyecto a una comisión especial.

La legisladora dijo que la discusión del proyecto reflejará la responsabilidad de los grupos políticos de la Asamblea.

Luis Barrantes, jefe de los libertarios, comentó que aunque hay grupos políticos en la Asamblea que esperan extender la discusión indefinidamente, la idea es sacar la agenda del TLC cuanto antes, por lo que la propuesta de una comisión especial sería lo más viable.