La prórroga para el TLC

El país recibió este miércoles una comunicación oficial por parte de los signatarios del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, que le extiende el plazo de cumplimiento de la legislación complementaria al cierre del mes de setiembre del presente año.

Si se es serio, no cabe más que sentirse avergonzado de haber tenido que pedir una prórroga para cumplir los requisitos que establece el TLC para su plena vigencia. Porque aquí se tuvo más de cuatro años para discutir el plan y resolver si el país lo acogía o no.

Y, por más importante que pueda ser un TLC, o por más elementos que pueda incluir, cuatro años suman demasiado tiempo para una discusión. Y, si esa discusión en realidad casi nunca se dio –en el sentido amplio del término-, la verdad es que la culpa no ha sido de los otros países involucrados en el asunto, que sí tuvieron la capacidad para tomar las decisiones en que estaban interesados.

Por eso mismo es que debemos estar agradecidos con las naciones de la región y con el mismo Estados Unidos, que para efectos de resolver este tema ignoraron la falta de seriedad con que Costa Rica encaró el proceso.

Dicho eso, la decisión de los otros miembros del TLC deja una señal clara e inequívoca en el sentido de que quieren contar con nuestro país. Les interesa que Costa Rica sea parte del nuevo escenario que se está gestando en la región.

Esto no obliga a nuestro país a ingresar finalmente al acuerdo. Es cierto. Pero ha de entenderse que tras la prórroga, solo queda la posibilidad de tomar decisiones. Seguir en un cuadro en el que se discute todo menos aquello de fondo en torno a la legislación que el país se comprometió a emitir para la plena vigencia del TLC, sería solo una reconfirmación del exagerado grado de irresponsabilidad que nos caracteriza. Dejaría muy mal parado al país frente a sus vecinos y su principal socio comercial.

Este es el punto en que deben pensar los diputados, porque tienen la tarea de tomar decisiones; y ninguna decisión inoportuna puede verse como una buena decisión.

Queremos insistir en llamar la atención sobre la conveniencia de discutir realmente los proyectos de ley. Pero esto debe hacerse de una forma seria, en la que se hagan los planteamientos puntuales que interesen a cada grupo político representado en la Asamblea Legislativa. Acto seguido, que se fijen las posiciones con respecto a los proyectos definitivos, y que se sometan a votación.

Reiteramos que el Poder Ejecutivo pudo haber afectado de manera sustancial este proceso al reservarse uno de los proyectos para el último momento, como ocurrió con las reformas a varias leyes de propiedad intelectual, que recién llegó al Congreso el miércoles anterior. Hay que tomar en cuenta que debe pasar por un procedimiento que está definido a nivel del Reglamento de la Asamblea Legislativa, y el solo pensar en la posibilidad de eximirlo de ese requisito puede ser contraproducente, porque despertaría suspicacia.

Pero, dado finalmente el paso, ahora los diputados deben terminar de resolver para cumplir en el nuevo plazo.