Editorial
Licencias por maternidad
Hay iniciativas que se ven muy bien sobre el papel. Y si solo de miran desde esa perspectiva, indudablemente hay que apoyarlas.
Pero, no siempre responden solo a una óptica, y por ende pueden tener consecuencias difíciles de manejar por las partes involucradas.
Este es el caso del proyecto de ley que ha presentado el diputado Alberto Salom, del Partido Acción Ciudadana (PAC), para ampliar de cuatro a siete meses el período de licencia por maternidad.
Está claro que las mujeres en edad reproductiva deben tener las mismas oportunidades de trabajo que cualquier otra persona en nuestro país. Y está claro que los hijos requieren del tiempo de sus madres.
Pero ambas verdades se deben enfocar con un criterio amplio, a fin de no afectar a ninguna de las partes, ni en este caso, a los terceros involucrados.
El planteamiento implica un fuerte costo económico para las empresas y para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que por cierto, ya se ha opuesto a la iniciativa.
El sector productivo tiene una serie de cargas sociales que incrementan ya en un 42 por ciento el costo de las planillas, pues una buena parte del sistema de seguridad social del país deriva de esas contribuciones.
Y si se amplía la licencia por maternidad, al final de cuentas se agrega un costo a las empresas, que deberán pagar más por las sustituciones de personal en que deban incurrir al extenderse las incapacidades.
Para la Caja, el problema viene en el mismo sentido, porque el presupuesto a destinar para cubrir los meses adicionales se ampliaría casi al doble. Y esos recursos deben salir del propio sistema.
Por otro lado, en el caso de algunas actividades que tienen márgenes de utilidad muy bajos, una medida como la que plantea el diputado Salom puede conducir a que se baje la contratación de mujeres, y esto generaría el efecto inverso al que se busca.
Al revisar todos estos elementos, la conclusión obvia es que se deberían buscar otros mecanismos para encarar el problema de la permanencia de las madres con sus hijos recién nacidos.
Nos atrevemos a sugerir una opción en la que la madre escoja voluntariamente la ampliación de su licencia por maternidad, pero bajo un esquema de permiso sin goce de salario. Esto, sin modificar la situación actual, que implica una cobertura de cuatro meses bajo el esquema de incapacidad.
En principio, se podría pensar que es una medida injusta, en el tanto implica una decisión que puede afectar la economía familiar. Pero en ese sentido, no es lejana respecto de una práctica que se sigue en muchas familias, en que la madre renuncia a su actividad laboral externa al hogar, para atender a sus hijos. La diferencia, en este caso, es que no puede volver cuando lo determine, sino que debe buscar otro trabajo en su momento.
Igualmente se podrían evaluar otras alternativas que no supongan un costo adicional ni para la Caja ni para las empresas, pero que abran espacios para esa convivencia tan necesaria de los hijos con sus padres.Es momento de ser creativos a este respecto.
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